Dar respuesta

El Consejo de Estado ha remitido al Gobierno un informe en el que se pronuncia sobre la reforma de la Constitución para reducir los aforamientos del presidente, los ministros, diputados y senadores. Su propuesta es la de limitar el fuero especial reduciéndolo a “los delitos cometidos en el ejercicio del cargo”. Para hacerlo, sugiere introducir esa precisión en los artículos 71.3 y 102.2 de la Ley Fundamental, que es donde se especifica que es la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la encargada de ocuparse de las causas que afectan a estos cargos públicos. Muchos juristas consideran acertada la recomendación, otros la ven imprecisa, pero la cuestión relevante es la de dar una respuesta sólida a una cuestión que vuelve una y otra vez a la agenda política.

De los aforados que hay en España, la propuesta de reforma de la Constitución solo afectaría a una minúscula parte, unos 650 de los 17.000 que ocupan cargos políticos. El Consejo de Estado recomienda en su informe que la iniciativa de reducir los aforamientos o limitarlos debe afectar a todos para dar coherencia al sistema. Así que recomienda fórmulas para intervenir en el caso de los presidentes, parlamentarios y miembros de Gobiernos autonómicos, y también a propósito de jueces, miembros de las fuerzas de seguridad, el defensor del pueblo o los propios integrantes del Consejo de Estado, que sumados todos alcanzan la imponente cifra de 250.000 cargos que en España están ligados a esta condición.

Si se tiene en cuenta que en el resto de los países de nuestro entorno son muy pocos los políticos sujetos a esta consideración, por no hablar del resto de cargos aforados, tiene sentido acabar de una vez con esta anomalía. Apartar de la justicia ordinaria la gestión de las causas que afectan a una inmensa cantidad de cargos públicos no solo retrasa los ritmos de la justicia, sino que contribuye a desprestigiar a los tribunales no específicos, amén de trasladar a la ciudadanía la percepción de que existe una doble vara de medir que favorece a unos privilegiados.

El objetivo de suprimir los aforamientos se ha ido imponiendo en los últimos tiempos a golpe de un discurso que reclama la regeneración de unas instituciones a las que se califica de anquilosadas y muchas veces podridas. El aforamiento, en ese discurso, constituye el pasaporte idóneo para garantizar la impunidad del político corrupto y es un privilegio. El Tribunal Constitucional se ha manifestado repetidas veces, sin embargo, en otro sentido, llegando a afirmar que “el aforamiento actúa como instrumento para la salvaguarda de la independencia institucional del Gobierno y de los parlamentarios” y que, por tanto, contribuye a que no se perturbe desde la justicia la tarea de gobernar. Sobre todo en un país donde existe otra figura anómala en nuestro entorno, la de la acusación popular, que seguramente tendría que ser abordada al tratarse los aforamientos para evaluar cómo afecta a la existencia de esa figura.

Si la reforma de los aforamientos se ha impuesto en la agenda política, bienvenida sea. Pero legislar al calor de la indignación ciudadana nunca es recomendable. Y es una tentación de los políticos proceder a la brava incluso con figuras tan complejas como estas. El informe del Consejo supone un buen paso, pero no exime al Gobierno de tejer amplios acuerdos parlamentarios, imprescindibles para tocar la Constitución y necesarios para elaborar leyes efectivas y duraderas que prestigien a la justicia.