Lagunas en la libertad de expresión

La justicia española ha recibido recientemente sonoros varapalos de los tribunales europeos, que han venido a evidenciar que España ha vulnerado los derechos de los ciudadanos. Una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera por unanimidad que no se respetó el derecho a la libertad de expresión del activista Agustín Toranzo, condenado por acusar de “torturas” a dos policías que intentaron desalojarlo por la fuerza del Centro Social de Casas Viejas de Sevilla en 2007. A raíz de sus declaraciones fue acusado por la Fiscalía y condenado a una multa por difamación en 2011.

Estrasburgo considera ahora, siete años después, que “el castigo carecía de la justificación apropiada” y que en la causa de este okupa no hubo un “equilibrio justo entre todos los derechos e intereses legales”. Los jueces argumentan que amenazar a Toranzo con la cárcel si no pagaba la multa pudo tener un “efecto paralizador” en su libertad de expresión al desalentarle a criticar las acciones de agentes públicos. Y explican que la interferencia en los derechos de este ciudadano era innecesaria en una sociedad democrática.

Este caso es un ejemplo del extremado celo con el que la justicia europea vela por la libertad de expresión y saca a luz las lagunas que en esta materia todavía perviven en España. Lo demuestra el tirón de orejas que nuestro país recibió el pasado marzo por haber condenado a dos independentistas catalanes que en 2007 quemaron una foto de los Reyes durante una protesta antimonárquica en Girona. En esta ocasión el TEDH concluyó que la libertad de expresión se extiende a informaciones e ideas “que ofenden, chocan o molestan”. Y remarcó que forman parte de las condiciones de “pluralismo, tolerancia y amplitud de miras” sin las cuales no es posible una sociedad democrática.

Pese a sentencias de gran impacto político, como las relacionadas con Arnaldo Otegi (que, según el TEDH, no tuvo un juicio imparcial) o de los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola (que recibieron trato inhumano y degradante durante su detención), España no es de los países que más rapapolvos encaja. De los 47 países del Consejo de Europa, ocupó el año pasado el puesto 32, con apenas seis sentencias de las 1.068 dictadas por la gran sala y a una distancia sideral de Rusia (305) o Turquía (116).