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La aportación de la economía en la era de #NiUnaMenos

La violencia de género en Latinoamérica cuesta a los países entre el 1,6% y el 2% del PIB, solo contando bajas y pérdidas de productividad

Maira Giménez, argentina de 19 años, fue maltratada por su padrastro y sus hermanos.
Maira Giménez, argentina de 19 años, fue maltratada por su padrastro y sus hermanos.

Hace poco más de 20 años, ayudé a producir algunas de las primeras estimaciones del costo de la violencia de la pareja íntima contra las mujeres para las economías de América Latina. Las cifras fueron impactantes: costó a los países entre el 1,6% y el 2% del Producto Interior Bruto (PIB), solo por las pérdidas en salarios y productividad.

Si bien los datos han suscitado un interesante debate sobre políticas públicas, el aumento del financiamiento para la prevención de la violencia contra la mujer en América Latina, y especialmente en servicios para mujeres sobrevivientes, tiene otra fuente: los movimientos de mujeres de todo el hemisferio, quienes han desafiado a sus gobiernos a abordar este problema más seriamente.

En particular, la aparición de los movimientos #NiUnaMenos y #MeToo han generado un cambio sísmico. #NiUnaMenos nació en Argentina en 2015 como una protesta masiva contra un femicidio particularmente espantoso. Posteriormente se ha extendido a Chile, Uruguay y Perú, y ahora se describe a sí mismo como un "grito colectivo contra la violencia machista". El gobierno de Argentina hoy tiene la eliminación de la violencia contra las mujeres como una de sus prioridades de política de desarrollo. Algunas fuentes estiman que la protesta inicial de #NiUnaMenos en Perú en 2016 fue la protesta cívica más grande en la historia del país. Así, los recursos destinados a combatir la violencia contra las mujeres se han incrementado en países en desarrollo y, especialmente, en América Latina.

Perú, por ejemplo, ahora tiene 322 Centros Emergencia Mujer operativos y cada provincia del país, sin importar cuán lejos, tiene al menos uno. Las líneas directas para sobrevivientes son omnipresentes en la región e incluso hay evidencia de que una atención rápida y de calidad por parte de las líneas de atención a las víctimas reduce la victimización futura. De igual forma, las fuerzas policiales en la región están mejor equipadas para brindar servicios a las sobrevivientes, ya sea a través de comisarías de policía dedicadas a las mujeres, o mediante iniciativas de reforma policial que, en varios países, han dado prioridad a la prestación de servicios de calidad para las víctimas.

Los movimientos de mujeres de todo el hemisferio han desafiado a sus gobiernos a abordar el problema más seriamente

Las noticias sobre los esfuerzos de prevención, desafortunadamente, son mucho menos alentadoras: siguen siendo insuficientes, a pequeña escala y sabemos relativamente poco sobre lo que funciona. Entonces, si los economistas, los políticos y las instituciones financieras internacionales no podemos reclamar crédito por la expansión de los recursos para abordar la violencia contra la mujer, ¿cuál es nuestro papel?

Primero, podemos ayudar a generar evidencia sobre lo que funciona para prevenir la violencia contra las mujeres, de manera que los responsables de las políticas puedan saber dónde invertir mejor los recursos públicos. Segundo, podemos ayudar a estimular la innovación en los programas. Un enfoque prometedor que se está explorando actualmente es el uso de la ciencia del comportamiento —los empujones de comportamiento hechos famosos por los Premios Nobel Kahneman y Thaler— para alentar a las mujeres a buscar ayuda antes de que sean víctimas de violencia grave y motivar a los proveedores de servicios para que presten servicios de mejor calidad a las mujeres sobrevivientes.

Finalmente, las instituciones financieras internacionales pueden proporcionar un considerable financiamiento para promover una mejor política pública en esta área, como lo hizo recientemente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Argentina y Ecuador. Y pueden garantizar que sus proyectos no generen efectos no deseados que permitan la explotación y el abuso sexual, una iniciativa que comenzó en el Banco Mundial el año pasado y se está extendiendo a otros bancos de desarrollo. En las casi dos décadas transcurridas desde mis estimaciones sobre el impacto de la violencia en la economía, los países de la región han logrado considerables avances.

Esta nueva ola de concienciación es, sin embargo, un llamado a incrementar los esfuerzos y buscar nuevos enfoques para este viejo problema. Queda mucho por hacer y el desafío es mayúsculo. Hoy, más que nunca, el aporte de cada uno vale.

Andrew Morrison es jefe de la división de género y diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo.

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