Hipotecas liberadas
La nueva Ley Hipotecaria debe aumentar la seguridad jurídica y frenar la litigiosidad
El acuerdo de la mayoría parlamentaria en la Comisión de Economía del Congreso para que sean los bancos quienes paguen los gastos de constitución de una hipoteca, excepto los de tasación, es un paso importante para construir una nueva Ley Hipotecaria que ponga fin a las confusiones y quejas que produce la actual. El Gobierno intervino recientemente para establecer de forma unilateral y razonada que son los bancos quienes tienen que pagar el impuesto de actos jurídicos en las hipotecas. Lo que hay que valorar ahora es que la Comisión ha sido capaz de ponerse de acuerdo para atribuir a las entidades financieras los gastos notariales, un indicio cierto de que existe un consenso amplio sobre la ineficiencia de la norma vigente.
No consta que el acuerdo haya sido puesto en cuestión por los bancos; algunos de ellos ya pagaban al 50% los gastos asociados a la firma de una hipoteca. La razón es que el coste de asumir tales gastos se compensa sobradamente con la recuperación de una cierta empatía con el cliente y contribuirá sin duda a reducir la mala percepción de los bancos que tienen los españoles. Para el cliente supone un ahorro, pequeño pero significativo, en la compra de un bien decisivo para su patrimonio (en torno a 1.800 euros para un capital prestado de 100.000), y ese ahorro se traducirá sin duda en consumo; para el banco, el coste no es significativo en términos de balance; la decisión optimiza los beneficios y minimiza los daños.
La ventaja de una nueva Ley Hipotecaria planteada en estos términos es la seguridad jurídica. Para el sistema financiero es un gran avance reducir las reclamaciones y la litigiosidad, porque son los conflictos jurídicos los que introducen dosis considerables de incertidumbre en los balances. Sin equívocos ni cantidades retenidas sobre juicios futuros desfavorables, los bancos pueden desarrollar con tranquilidad las políticas de concesión de préstamos y de captación de clientes. Si la banca ha reclamado, con razón, seguridad jurídica, la nueva ley puede proporcionársela, aunque tenga que asumir gastos moderados que hasta ahora eran del cliente.
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