Mirada al sur

La Unión Europea ha aprobado una ayuda a Marruecos, por valor de 140 millones de euros, destinada a mejorar los controles fronterizos con España. La decisión responde al creciente malestar tanto en Rabat como en Madrid por la diferencia de trato que la Unión venía reservando a la gestión de esta frontera en comparación con el que contempla hacia Libia y Turquía, dos países que, como Marruecos, sirven de tránsito a nutridos flujos migratorios. La importancia de la decisión reside en el hecho de que, al adoptarla, la Unión mira al sur y asume que la presión en la frontera compartida por España y Marruecos es un asunto europeo, no una cuestión bilateral.

Las ventajas para Marruecos son evidentes, pero también deberían serlo las exigencias: en concreto, el respeto a la integridad y los derechos de las personas que aguardan en su territorio para cruzar la frontera. Los beneficios para España no están solo relacionados con el control fronterizo. La decisión adoptada por la Unión demuestra que España tiene capacidad para influir en estrategias europeas que afectan a Marruecos, de modo que, en razón de los múltiples intereses compartidos, Rabat está obligado a considerar a nuestro país como un interlocutor necesario. Por otra parte, y precisamente por esa influencia, el Gobierno de Madrid no puede respaldar a ciegas cualquier acción marroquí a fin de que las eventuales diferencias entre vecinos no degeneren en contenciosos. La búsqueda de un equilibrio entre estos dos requerimientos es ardua pero indispensable, puesto que ni España ni Marruecos pueden permitirse que su frontera se convierta en un foco de tensión, ni la colaboración leal debería en ningún caso confundirse con una forma de apaciguamiento. Esta última es, por lo demás, la impresión que ha transmitido el Gobierno español ante casos de flagrante maltrato a los migrantes, que en algunos sucesos se ha saldado con desenlaces fatales acerca de los que Rabat no ha dado ninguna explicación ni, sorprendentemente, tampoco Madrid se la ha requerido.

Los días de estéril confrontación que alcanzaron su punto culminante con el estúpido incidente de Perejil han quedado atrás, pero la recomposición de una estructura de relación que evite los altos y bajos que condujeron a él no ha terminado todavía. Hasta entonces, los sucesivos Gobiernos de ambas capitales habían asumido que la diferencia de intereses no era motivo para enfriar las relaciones, sino para seguir consolidando mecanismos diplomáticos dirigidos a alcanzar salidas acordadas. El más importante de esos mecanismos consistía en evitar que los problemas en un ámbito de la relación contaminaran a los demás, de manera que se amortiguasen los ciclos de súbito deterioro del diálogo y recomposiciones asentadas sobre bases siempre frágiles. El acuerdo de la Unión Europea sobre la frontera hispano-marroquí es un nuevo instrumento que sumar a esa recomposición en marcha, por más que los recursos sean todavía limitados. La necesidad de alcanzar una vecindad estable es tan imperiosa, y tanta la experiencia acumulada acerca de lo que uno y otro puede y no puede hacer, que ninguna de las partes debería conformarse con la corrección recelosa que parece haberse instalado durante los últimos años.

Marruecos y España no están condenadas a ninguna ciclotimia diplomática que acabe por limitar la colaboración en los intereses compartidos, pero, por eso mismo, tampoco a silenciar las respectivas diferencias. Es de esperar que para el Gobierno español que ha conseguido una ayuda europea que en justicia se debía a Marruecos, el trato dispensado por Rabat a los migrantes que cruzan la frontera sea una de ellas.