Reparto y tutela de menores

Por fin se han dado los primeros pasos para afrontar el problema de los 10.100 menores extranjeros no acompañados que se encuentran en España y sentar las bases para un reparto más equitativo entre las comunidades autónomas. Ahora, el 40% está en Andalucía. El Gobierno se ha comprometido a destinar 40 millones de euros a la atención a estos menores, de manera que la falta de financiación no podrá esgrimirse como causa de rechazo. En la reunión de la mesa de coordinación interterritorial convocada para abordar el problema se ha evitado plantear un sistema de cuotas obligatorias. Cabe esperar que la responsabilidad de los gobiernos autonómicos haga innecesario replantear la voluntariedad ahora acordada.

También tiene sentido, como ha planteado Andalucía, que el Gobierno negocie con Marruecos, de donde procede el 70% de los menores, un acuerdo que permita la repatriación, en condiciones tuteladas por el sistema judicial español, de aquellos menores que sean identificados y puedan ser devueltos con garantías de que no caerán en el desamparo. Pero hay que tener en cuenta que en 2007 ya se llegó a un acuerdo de este tipo, pero no entró en vigor hasta 2012 y acabó siendo papel mojado.

Es preciso, pues, plantear una estrategia al margen de esa colaboración. Tan importante como garantizar el reparto es revisar el sistema de protección. Hay que evitar que los menores permanezcan en los CIE con adultos y agilizar los trámites de regularización administrativa. Ahora estos jóvenes están en el centro de menores hasta que, al cumplir los 18 años, son invitados a marcharse. Muchos de ellos llegan a la mayoría de edad sin que se hayan completado los trámites administrativos y acaban viviendo en la calle como inmigrantes indocumentados. Nuestro sistema de protección debe ofrecerles una formación que les permita ganarse la vida y acompañarles en su salida para evitar que caigan en la marginalidad o la delincuencia.