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Columna
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Reverdecer las cuentas

Las medidas de transición energética contempladas en los Presupuestos son insuficientes para avanzar al ritmo necesario en el cambio de modelo energético

Cristina Monge
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.Julian Rojas (EL PAÍS)

La casualidad ha querido que el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado alcanzado entre el Gobierno del PSOE y Unidos Podemos se hiciera público en una semana especialmente trágica. Los avances que recoge en muchas materias son indudables, pero queda recorrido de mejora.

Unos días antes, los científicos y científicas del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático afirmaban tajantes en su nuevo informe que un incremento de 2 grados en la temperatura media del planeta tendría efectos irreversibles. Y continuaban: para lograr que el incremento no supere los 2 grados, las emisiones de gases de efecto invernadero deberán limitarse al 20% en 2030 y neutralizarse en 2075, algo a lo que los Estados no parecen estar dispuestos. El informe va más allá: para conseguir que “sólo” suban 1,5 grados, esas reducciones de emisiones de CO2 deberían ser del 45% en 2030 y nulas en 2050. Como afirmó el Ministerio de Transición Ecológica, “las conclusiones son claras: es necesaria una transformación sin precedentes para limitar el aumento de la temperatura global del planeta a 1,5ºC”.

Ironías del destino, a los pocos días, en Baleares primero y en Portugal, Cataluña y el sur de Francia después, tormentas y huracanes parecían advertirnos de lo que puede llegar a venir, con un resultado de varias decenas de muertos, heridos, y territorios arrasados. No por los fenómenos en sí, que son conocidos y tienen precedentes, sino porque su frecuencia y virulencia se van a incrementar a consecuencia del cambio climático, convirtiendo a la península ibérica en una de las zonas más vulnerables de Europa. Por si esto fuera poco, la política urbanística despiadada que se escondía tras el “milagro español”, y que más que ordenar el territorio lo depredó dejando tierra quemada por donde pasaba, ha hecho que veamos deshacerse como un azucarillo construcciones en zonas inundables, lo que provoca que las consecuencias también sean mayores.

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La dimensión del desafío podría asustar a cualquiera, pero lo que más aterra es comprobar cómo el necesario cambio de modelo económico que subyace a los retos ambientales esta vez tampoco es prioritario, de momento, en los Presupuestos Generales del Estado. Las medidas de transición energética contempladas —fomento de las renovables y lucha contra la pobreza energética—, si bien son necesarias, son claramente insuficientes para avanzar al ritmo necesario en el cambio de modelo energético. Y siendo esto grave, no es lo más preocupante. Lo que genera inquietud y zozobra es que todavía no estemos viendo la perspectiva ambiental como algo transversal al conjunto de políticas. No consiste en meter un epígrafe más, se trata de reverdecer el conjunto del presupuesto —fiscalidad incluida—, y por ende, de la política. Queda una larga negociación pendiente. Una oportunidad para plasmar las auténticas prioridades.

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Sobre la firma

Cristina Monge
Imparte clases de sociología en la Universidad de Zaragoza e investiga los retos de la calidad de la democracia y la gobernanza para la transición ecológica. Analista política en EL PAÍS, es autora, entre otros, de 15M: Un movimiento político para democratizar la sociedad y co-editora de la colección “Más cultura política, más democracia”.

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