Un corte necesario

No existe ninguna solución perfecta para regular el tráfico en las grandes ciudades y así reducir la contaminación que generan los vehículos, y mucho menos ninguna que sea aceptada sin rechistar por todos. Pero la peor medida posible es no hacer nada y cruzarse de brazos ante una situación insostenible a corto plazo para la salud de los ciudadanos y para la lucha contra el cambio climático. Por eso es una buena noticia que el Ayuntamiento de Madrid acabe de aprobar una nueva ordenanza de movilidad que, entre otras medidas, incluye una gran área de tráfico restringido que abarca casi todo el centro de la capital que entrará en vigor el 23 de noviembre.

Este plan ha sido duramente contestado por la oposición, que lo ha calificado de autoritario y contrario a la libertad, y por una parte de los empresarios y comerciantes, con argumentos que se parecen curiosamente a los que se emplearon cuando se produjeron peatonalizaciones urbanas ahora perfectamente asimiladas. El Ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena ha aprobado este nuevo reglamento cuando se acercan las elecciones municipales de mayo, pese a ser una medida impopular para amplios sectores de la población. Este hecho deja claro que no se trata de una iniciativa electoralista, más bien todo lo contrario, sino de un paso importante hacia la construcción de un modelo de ciudad sostenible y, sobre todo, respirable.

Aunque muchas ciudades europeas, desde Londres hasta Estocolmo, Oslo, Milán, Hamburgo o Roma, han adoptado estricciones del tráfico, el reglamento madrileño es especialmente ambicioso, tanto en las imposiciones como en sus efectos futuros: un descenso del 40% en las emisiones nocivas. El plan requiere, eso sí, un compromiso municipal con la calidad y el alcance de un transporte público más sostenible y un plan serio de subvenciones para la compra de vehículos menos contaminantes, sobre todo para los profesionales, que son los que circulan constantemente. Las medidas de restricción del tráfico, ya sea con la imposición de una tasa como Londres o con la concesión de beneficios a los eléctricos, tienen un problema insalvable: aquellos que disponen de más recursos pueden circular por donde quieran, mientras que los propietarios de vehículos más viejos los tienen que dejar en casa. Por eso son necesarias las ayudas.

En 2017, la capital vulneró por octavo año consecutivo los límites legales de los dos gases contaminantes más nocivos, un problema que los expertos y organizaciones ecologistas vinculan directamente al tráfico. Además, la UE acaba de aprobar una reducción del 35% en las emisiones generadas por los coches para 2030. El camino que está a punto de tomar Madrid es el único posible si se quiere cumplir con este compromiso europeo y proteger a la vez la salud de los ciudadanos, quieran o no.