Derecho de autodeterminación

No faltaron durante los años de República declaraciones sobre el derecho de autodeterminación por parte de nacionalistas catalanes, entendido al modo confederal, como una facultad común a todos los pueblos ibéricos. Pero cuando autodeterminación significó derecho a la secesión fue durante la Guerra Civil, en los memorandos que los Gobiernos vasco y catalán presentaron ante el Foreign Office y el Quai d’Orsay identificándose como una tercera fuerza en “la guerra peninsular”. Ni rojos, ni blancos, los nacionalistas catalanes y vascos, que aseguraban combatir solo por sus intereses nacionales, creían que Reino Unido y Francia sacarían buen partido de una alianza a cuatro que les garantizara su frontera terrestre y asegurara una rápida comunicación entre los mares Cantábrico y Mediterráneo.

Enterradas en el archivo correspondiente, “nuestras notas nunca tuvieron respuesta”, lamentaba en sus memorias Carles Pi i Sunyer, que dio por liquidada la República y periclitados sus estatutos. Inasequibles al desaliento, los consejos nacionales de Cataluña y Euskadi en Londres volvieron a plantear en 1941 el derecho de autodeterminación, como si Reino Unido no tuviera otra cosa en qué pensar. Y lo mismo ocurrió en abril de 1945 cuando la delegación en Estados Unidos del Consell Nacional Català presentó una apelación ante las Naciones Unidas acompañada del mapa de la Península dividido en cinco peninsular nationalities: Portugal, Galicia, Euskadi cum Navarra y Cataluña cum País Valenciano y las islas, más España, con el propósito de que la ONU diera su beneplácito a la formación de una “Confederació d’Estats d’Iberia”.

Había que buscar una fórmula que reconociera la diversidad de pueblos, regiones y nacionalidades en el Estado

Ni los aliados ni las Naciones Unidas dieron curso a la demanda de reinstauración de la República española, reivindicada por los republicanos, ni a la de autodeterminación de Cataluña y Euskadi, demandada por los nacionalistas. España quedó abandonada a su suerte y habrá que esperar a la década de 1960 para que el catalanismo político resurja con fuerza en el interior. Católicos, socialistas, comunistas llegarán en 1969 a la formación de una Comissió Coordinadora de Forces Politiques, que en su primera declaración reivindicaba el restablecimiento del Estatuto de 1932 como base de partida para que el pueblo catalán pueda decidir libremente su futuro, junto al “derecho que a la autodeterminación tienen el resto de los pueblos del Estado español”. Estatuto como base de un generalizado derecho de autodeterminación constituye una fórmula que hará suya toda la oposición, con un añadido: esos pueblos del Estado se definirán como nacionalidades y regiones, aun si el protagonismo de comunistas y socialistas sumaba a todo esto la necesaria unidad de la clase obrera.

Había que buscar, pues, una fórmula que, sobre la unidad obrera, reconociera la diversidad de pueblos, regiones y nacionalidades dentro del Estado. La encontraron en mayo de 1976, cuando la Plataforma de Convergencia Democrática reconoció el derecho de Cataluña al Estatuto de 1932, y el Consell y la Assemblea de Catalunya aceptaron el derecho a la autonomía de todas las regiones y nacionalidades. Autodeterminación fue sustituida en despachos y en la calle por estatutos de autonomía, y a nadie sorprendió que en las declaraciones políticas de carácter general, de 27 de julio de 1977, la voz autonomía apareciera en boca de los diputados recién elegidos en 30 ocasiones, solidaridad en diez y autodeterminación solo en una y referida al pueblo saharaui.

Autodeterminación quedó, pues, como una reivindicación muy minoritaria hasta que en el documento de trabajo anejo a la Declaración de Barcelona de 1998 (pero no en la Declaración), PNV, CiU y BNG abogaran por su reconocimiento, aplicable a todas las nacionalidades y pueblos con vistas a la creación de un Estado plurinacional. Años después, cuando Artur Mas emprendió la refundación del catalanismo, todavía no habló de autodeterminación, sino de derecho a decidir. Pero no se necesitó más que la rivalidad entre nacionalistas por la hegemonía para que del derecho a decidir se pasara, sin más tapujos, al de autodeterminación, entendido ahora como derecho de una nación soberana a la secesión. Y esto es lo que Torra propone como materia de negociación mientras alienta a los CDR, convencido de que la Unión Europea acabará por intervenir cuando el nivel de violencia alcance límites insoportables.