No tan rápido

Reformar la ley fundamental del Estado requiere tiempo, debates minuciosos y un amplio consenso, como por lo demás prevé la propia Constitución. La urgencia con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó ayer la modificación de la figura procesal del aforamiento, para que esté vigente en 60 días, no respeta estos presupuestos, sino que responde más a un juego político de corto alcance. En realidad, el presidente Sánchez no ha querido con este anuncio sorpresivo atender una demanda ciudadana, ni tampoco resolver un problema acuciante del sistema constitucional. Su propósito ha sido otro: arrebatar la iniciativa política a Albert Rivera después de los dos recientes golpes de efecto en los que, por su parte, Ciudadanos había borrado deliberadamente la frontera entre la astucia política y la estrategia del todo vale. Primero, con la ruptura del pacto de legislatura en Andalucía, intentando provocar la convocatoria adelantada de elecciones con excusas inverosímiles, y después la pregunta parlamentaria acerca de la tesis del jefe del Ejecutivo, forzando el reglamento de la Cámara a fin de convertirla en una caja de resonancia propagandística.

La iniciativa del presidente Sánchez prosperará o no a la velocidad que él desea dependiendo de la actitud que adopten el resto de los partidos. Podemos ya ha anunciado su intención de reclamar un referéndum que valide, mediante el voto de los ciudadanos, la decisión que pueda tomar la Cámara, si es que toma alguna, con lo que la reforma podría quedar, bien definitivamente paralizada, bien pospuesta hasta la conformación de nuevas mayorías o la consolidación de una coyuntura más favorable. Pero no es este el mayor coste político que conlleva una iniciativa inoportuna como la realizada ayer en el marco de la celebración de los cien días de Gobierno. Después de las escaramuzas a costa de los títulos académicos de los responsables políticos, y de la presunta corrupción universitaria que han revelado, los ciudadanos podían esperar que, finalmente, el Parlamento abordara la situación de la educación superior en España. Antes, por el contrario, el presidente Sánchez ha preferido servirse de esas refriegas con fines electorales, de modo que Ciudadanos tenga que elegir entre sus promesas de regeneración democrática y su negativa a reformar la Constitución, y el Partido Popular, por su parte, se enfrente a la evidencia de que su nuevo líder tiene el techo de cristal mientras el Tribunal Supremo no resuelva el caso de su máster.

Nada habría que objetar al hecho de que el presidente Sánchez quiera desenmascarar las argucias políticas que sus adversarios han seguido contra él, recurriendo más a los climas de opinión que a informaciones contrastadas. Sí, a que se valga de la Constitución para ello.