Federalismo fiscal

La reforma de la financiación autonómica llama a la puerta. Y si en algo existe unanimidad, es en los graves déficits que tiene el sistema vigente y en la necesidad de encontrar uno nuevo que satisfaga a todas las CC AA sin incurrir en ningún tipo de privilegio. Lo primero que hay que tener claro es el porqué de un sistema de financiación autonómica. España, nos guste o no, es un Estado de corte federal; la sola existencia de las CC AA es el mejor ejemplo de ello. Eso quiere decir que estas asumen determinadas competencias “autonómicas” cuyo coste se ha de financiar. Desde esta perspectiva, no hay mejor corresponsabilidad fiscal que aquella que vincula las políticas de gasto a las políticas de ingreso. Las meras transferencias desdibujan la importancia que la financiación de tales políticas tiene y son un recurso fácil al victimismo autonómico con la mirada puesta en “Madrid”, además de liberar a los responsables autonómicos de tener que justificar ante los ciudadanos la presión fiscal de una u otra CC AA. El problema es siempre Madrid.

Tal vez es el momento de liberarse de esa ficción y dejar que cada palo aguante su vela. Pero no todas las CC AA pueden generar los recursos necesarios para financiar sus propias políticas, ni todas las CC AA asumen un mismo nivel de autogobierno. Es pues necesario distinguir entre aquellas que son capaces de generar tales recursos, de aquellas otras que no lo son. Y objetivizar los requisitos que las CC AA que deseen asumir un cierto nivel de autonomía fiscal han de cumplir; que podrían ser los tres siguientes: tener una renta per capita superior a la media de España, aportar en concepto de contribución a la solidaridad un porcentaje superior que con relación al PIB se determine, y asumir el más amplio nivel de competencias autonómicas que la Constitución permite.

Eso quiere decir que aquellas CC AA que son solidarias, que generan y aportan riqueza al país, y que tienen una clara voluntad de autogobierno, podrían acceder a un determinado nivel de autonomía fiscal. Es un estímulo a la creación de riqueza y a la solidaridad. Pero ¿cuál sería ese nivel de autonomía fiscal? Pues el de diseñar su propio sistema tributario dentro del marco normativo o estructura común que el Estado apruebe a tal efecto. Se trata de un modelo muy similar al de la fiscalidad local. El Estado fija la estructura común y los Ayuntamientos diseñan su propio sistema tributario. Ese nivel de autonomía conllevaría el asumir las facultades de gestión, inspección y recaudación en el marco de colaboración conjunta con la AEAT.

Este modelo no quiebra la unidad del Estado y permite el desarrollo de aquellas comunidades que pueden asumirlo, contribuyendo a la financiación de aquellas otras que no pueden

Ese modelo exige la contribución al Estado al que las CC AA pertenecen en concepto de gastos comunes además, como ya hemos dicho, de la necesaria contribución a la solidaridad interterritorial bajo la premisa de la ordinalidad, contribuciones, ambas, cuyos requisitos objetivos los debería fijar el Senado. Este derecho a un sistema fiscal propio en el marco de una estructura común e igual para todo el Estado podría conllevar la obligación de estabilidad presupuestaria. Lo importante es “objetivizar” los requisitos necesarios para acceder a ese régimen especial de financiación.

La unidad de mercado y la necesaria uniformidad se garantizan mediante esa estructura o marco normativo común y uniforme que el Estado ha de aprobar. Las CC AA que no cumplan tales requisitos objetivos seguirán mediante el sistema de transferencias revisado de acuerdo con el nuevo marco de financiación autonómica. Habría un régimen general y otro especial.

En definitiva, un modelo de financiación autonómica de tipo federal y asimétrico que reconoce de forma objetiva la singularidad de aquellas CC AA que expresan su deseo de máximo nivel de autogobierno en el marco que la Constitución les permite y que son generadoras de riqueza y solidarias con el resto de CC AA. Este modelo no quiebra la unidad del Estado y permite el pleno desarrollo de aquellas comunidades que pueden asumirlo contribuyendo, además, a la financiación de aquellas otras que no pueden. El modelo es respetuoso con el principio de igualdad que exige tratar por igual situaciones que lo son y de forma desigual situaciones que no lo son. Y se trata de consolidar el Estado de las autonomías desvinculándolo de las conveniencias políticas de cada momento. Es el momento del federalismo fiscal propio de otros países de nuestro entorno.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé es profesor UPF.