Acordar para votar

Lo que nosotros queremos votar es un acuerdo pero ustedes pretenden votar una ruptura”, dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en respuesta al portavoz de ERC, Joan Tardà, que le había emplazado a plantear una alternativa política a la crisis catalana. Era una respuesta novedosa, pero ni ERC ni el PDeCAT supieron valorar las posibilidades que abría, y tampoco Ciudadanos y el PP parecieron haberla entendido del todo.

No era la primera vez que Sánchez apostaba por explorar esa vía, la de asumir que la salida pasa por un acuerdo político entre ambos Gobiernos que sería lo que se sometería a consulta. Según un editorial reciente de EL PAÍS (20-7-18), solo si los nacionalistas catalanes se comprometen en la vía democrática y legal podrán entrar a discutir y negociar una solución pactada que partiría de una doble reforma combinada de la Constitución y el Estatut. “Sea esta u otra la fórmula, la esencia de una solución viable es enhebrar un acuerdo y someterlo a las urnas”.

Puigdemont había preguntado al jefe del Ejecutivo español cuáles eran sus recetas para encauzar la negociación que propone, advirtiéndole que aunque él y los suyos siguen pensando que la mejor vía es alcanzar acuerdos, eso no significa renunciar a la soberanía.

“Pero saben bien Puigdemont y los suyos”, recordaba el editorial, “que la única fórmula de negociación que puede admitir el Estado es la de una nueva reforma del Estatut en el marco constitucional”. Esto último, la posible reforma del Estatut, es lo que suscitó mayores expectativas por más que lo verdaderamente novedoso fuera el planteamiento de que el referéndum que da la última palabra al censo de la comunidad autónoma no tendría que ser una consulta dirimente, sobre la independencia (sí o no), sino una de ratificación del acuerdo alcanzado entre las partes.

Un consenso transversal puede evitar una división drástica de la población y la parálisis política asociada a esa ruptura

El modelo alternativo de Sánchez pasa por la negociación de las reformas encadenadas de la Constitución y del Estatut que culminarían en sendas consultas en el conjunto de España primero y en la Comunidad catalana después. El censo de esta comunidad tendría la última palabra sobre lo que le afecta directamente sin que la participación en la negociación garantice un desenlace prefijado. Es decir, que su reclamación de diálogo, negociación y acuerdo no tiene por qué dar por supuesto que la única salida honorable y posible sea la independencia.

Pero, puesto que al final tendrá que haber una negociación, habría que explorar las posibilidades de desplegar esa vía como la salida dentro de la legalidad que Rajoy no encontró. Habría pues que afinar la naturaleza de esa consulta de modo que pueda amparar la ulterior del Estatut en el marco de la legalidad constitucional reformada.

El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez, entrevistado en EL PAÍS (22-7-18), considera por su parte que la reforma del Estatut es “un sinsentido porque la España autonómica no da más de si. ¿Qué puede tener de diferente un [nuevo] Estatut respecto al de 2006? y, además, ¿qué pasa si sale no? El conflicto seguiría bloqueado”.

Cierto, pero eso no es un argumento a favor del referéndum de independencia, sino en contra de fórmulas simplistas y excluyentes. Esa hipótesis, que salga no, es tan problemática como que salga sí. En ambos casos, el resultado sería la división de la población en dos mitades de similar peso. Mientras que la fórmula de Pedro Sánchez (primero, pactar un acuerdo político entre los dos Gobiernos y luego votar el texto del acuerdo y no las posiciones contrapuestas planteadas en el debate) ofrece la posibilidad de un consenso transversal que evite una división drástica de la población y la parálisis política asociada a esa ruptura.

Para prosperar, la vía Sánchez tendría que atraer a sectores (nacionalistas o no) favorables a la fórmula autonómica aunque sean muy críticos con la política española. Pero, por lo mismo, la aceptación de un referéndum de autodeterminación en los términos planteados por el independentismo supondría una recarga de moral (y de votos) que sería interiorizada como una victoria política.

El reproche que merecía Rajoy respecto al tema catalán no era tanto por su adhesión a la legalidad, que era su obligación defender, como por no ser capaz de ofrecer alternativas dentro de la ley y de la Constitución.

Por ello, hay una cierta incoherencia cuando se reconoce que la solución deberá ser también política y se desprecian planteamientos como el insinuado por Pedro Sánchez.