Decisión autonómica

El rechazo parlamentario de la nueva senda de déficit propuesta por el Gobierno en Bruselas se ha cobrado los primeros damnificados directos. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera del martes la ministra Montero tuvo que instar a las comunidades autónomas presentes (Cataluña, como es norma en los últimos años, no acudió) a redactar sus presupuestos para 2019 con un déficit objetivo del 0,1%, cuando con la propuesta del Ejecutivo podrían haber llegado hasta el 0,3%. Es cierto, no obstante, que el Gobierno ha planteado un aumento del volumen de recursos netos que los Gobiernos autonómicos obtendrán del sistema. Un 4% más, hasta los 108.058 millones.

Este es el marco económico en el que se moverá la financiación autonómica en 2019: 2.400 millones por debajo de lo posible. Es útil recordar la diferencia entre la propuesta del Gobierno y el ajuste más drástico al que hay que resignarse porque los damnificados últimos de las decisiones de bloqueo son los ciudadanos y el sistema de la Seguridad Social. El esfuerzo para aumentar los recursos de las autonomías es loable; es, digamos, lo que se puede hacer. Pero no resuelve el fondo del problema. El sistema de financiación autonómica necesita una reforma a fondo, con una definición clara de los criterios de reparto; esta reforma fue prometida por el último Gobierno de Rajoy ya en 2015 y su retraso es imputable a la incapacidad de los equipos de Rajoy para afrontar una negociación compleja. El caso es que la negligencia política ha condenado a los Gobiernos autonómicos a operar con graves problemas financieros (el caso de la Comunidad Valenciana es notorio, pero no el único) y a graves desequilibrios en materia de deuda y Sanidad.

El Gobierno debe tomar una primera decisión: ¿propondrá una reforma del sistema en esta legislatura o, como sugiere la ministra de Hacienda, ya no hay tiempo para esa tarea? La cuestión no es baladí, porque una reforma en serio exige muchas negociaciones preparatorias y varios informes de situación. En teoría, la respuesta es sencilla: mejor una reforma seria, aunque con más retraso, que otra improvisada. Pero bien podría ser que las mayorías en la próxima legislatura no facilitasen la definición de un sistema financiero de nueva planta.

La segunda decisión, para hoy o para el futuro, es de orden político. El Govern se ha negado a participar en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y está actuando en la práctica como un freno objetivo de la reforma. Por supuesto, la presencia de Cataluña en la negociación de una nueva financiación autonómica es deseable, hasta el punto de que cualquier acuerdo quedaría incompleto sin ella. Hay que hacer todos los esfuerzos que sean razonables para involucrar a Cataluña en la tarea. Pero sólo los razonables; si el Govern y la actual mayoría parlamentaria en Cataluña persistieran en su negativa, persistencia que equivaldría a un boicot dañino de los recursos que deben recibir el resto de comunidades, la reforma debe prepararse o incluso concluirse sin Cataluña. Porque el modelo actual, complejo y desequilibrado, no se sostiene.