Condena a España

Entre septiembre de 2015 y el mismo mes de 2017, España debía acoger a 19.449 refugiados procedentes de Grecia (13.086) e Italia (6.363). Ese era el compromiso que el Gobierno de Mariano Rajoy rubricó en Bruselas, pero al terminar el plazo solo habían llegado 2.500 refugiados, apenas el 12,85% de la cifra acordada. A pesar de que el Gobierno nunca rechazó formalmente la política de cuotas que trataba de imponer Bruselas bajo el liderazgo moral de Ángela Merkel, en la práctica la boicoteó todo lo que pudo. Ahora, España se ha convertido en el primer país de la UE al que sus tribunales de justicia han condenado por haber incumplido el acuerdo. Una sentencia del Tribunal Supremo considera que este era “vinculante y obligatorio”, y por eso obliga al Gobierno a recibir el 85% que resta de la cuota pactada. Pero no será ya el Gobierno infractor, sino el nuevo Gobierno socialista, el encargado de dar cumplimiento a la sentencia.

El año en que se firmó el acuerdo Europa vivía una gravísima crisis política por la llegada masiva de refugiados. La sangrienta guerra de Siria y la violencia endémica que golpeaba a diversos países, entre ellos Afganistán, condujeron hacia el continente europeo a más de un millón de refugiados. Ante la enorme presión que sufrían tanto los países de llegada, fundamentalmente Grecia e Italia, como el principal país de destino, Alemania, la UE adoptó un primer acuerdo de reparto de 160.000 refugiados entre los 28 países miembros mediante un sistema de cuotas obligatorias. Pese a que era una cifra pequeña en relación con los refugiados que habían llegado ese año, el acuerdo tenía una gran importancia porque en su aplicación se dirimía si Europa hacía frente a la emergencia de forma solidaria o se abría una nueva y peligrosa dinámica en la que cada país tomaba las decisiones que más le convenían.

Se impuso la segunda opción. Aquel acuerdo fue el primero y el último, pues varios países del Este se negaron a acoger a un solo refugiado. La UE, muy debilitada, no tuvo fuerza para imponer el acuerdo. España no se sumó al boicoteo, pero tampoco hizo nada por cumplir lo pactado. Esta lamentable estrategia no solo perjudicó a los refugiados que debían ser acogidos y a los países que soportaban la principal carga, sino que debilitaba peligrosamente a la Unión Europea. Y también erosionaba a la propia democracia española, pues era evidente que se aplicaba un planteamiento cínico según el cual, una cosa es lo que se dice y otra, lo que se hace. O lo que es lo mismo, que los acuerdos pueden no cumplirse, como pueden no cumplirse los compromisos electorales. Este tipo de actitudes afectan muy negativamente a lo más importante del contrato entre los ciudadanos y sus representantes políticos, la confianza.

Mientras el Gobierno boicoteaba la llegada de refugiados, numerosas ciudades se preparaban para recibirlos con unos dispositivos que resultaron inútiles. Ahora, España se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de refugiados e inmigrantes económicos, y ha comenzado a comprobar la importancia de que la UE afronte la crisis migratoria de forma mancomunada. Hemos de celebrar que el nuevo Gobierno haya dado un giro en esta cuestión. España debe esforzarse por formar parte de la solución y no del problema.