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La cultura del análisis de datos

El desarrollo de políticas basadas en la evidencia (y no en los prejuicios o las intuiciones) exige la utilización abierta de los registros administrativos. La información está dispersa entre organismos que no se relacionan entre sí

La cultura del análisis de datos

“¡Datos! ¡Datos! ¡Datos!”, exclamó con impaciencia. “No puedo fabricar ladrillos sin arcilla”. Sherlock Holmes, en El misterio de Copper Beeches, de Sir Arthur Conan Doyle

Poco antes de la huelga por la igualdad de las mujeres que el 8 de marzo movilizó a la población en toda España, EL PAÍS publicó una información con un impactante gráfico que mostraba la influencia de la maternidad en la carrera profesional de las mujeres y cómo con su primer hijo se produce una caída en sus ingresos respecto a los hombres que persiste durante el resto de sus vidas. Este estudio, referido a Dinamarca, fue posible porque este país tiene una política vanguardista de datos abiertos, que ha permitido a investigadores de todo el mundo acceder a los registros administrativos y personales de su población desde los años setenta.

Tanto en Dinamarca como en otros países escandinavos existe una cultura que democratiza entre la comunidad de investigadores el uso de los datos públicos por el bien común. Esta cultura no ha llegado a España todavía.

Las Administraciones públicas contemporáneas son depositarias de una enorme riqueza en forma de datos individuales. Los principales países de nuestro entorno han avanzado en los últimos años en desarrollar “políticas basadas en la evidencia” a partir de la utilización de estos registros administrativos, combinados con avances tecnológicos que permiten estudiar datos masivos, de tal forma que el diseño de políticas públicas basado en meras intuiciones o prejuicios sea cada vez menos aceptable. Por el contrario, la evaluación posterior de las medidas aplicadas debe ser la norma. Los recursos son limitados y su uso eficaz es clave para alcanzar los objetivos deseados con las políticas.

Iniciativas como la Commission on Evidence Based Policymaking creada por Barack Obama, la What Works Network de Reino Unido o el nuevo proceso presupuestario con el que experimentará la Asamblea Francesa, en el que el calendario presupuestario contemplará expresamente una fase de evaluación de políticas, son algunos de los ejemplos, pero no los únicos. Otros países como Alemania o Portugal han avanzado mucho y se aproximan también al estándar nórdico.

La evaluación posterior de las decisiones públicas debe ser la norma; los recursos son limitados

Las administraciones depositarias de los datos solo son capaces de extraer de ellos un mínimo de su potencial. El análisis no es su cometido principal y carecen del personal necesario para ello. Y lo que es más importante, dicho potencial solo se revela a partir del cruce de datos. La información está dispersa entre administraciones que no se comunican entre sí y que son muy reacias a cederse información. Es por ello por lo que, normalmente, este tipo de trabajos son encargados a organismos constituidos para este fin.

Hace unos meses, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) recibió el encargo de realizar un ambicioso programa plurianual de revisión de la eficacia y eficiencia del gasto público. Una de las principales dificultades de este Spending Review, en la terminología anglosajona, es el acceso a los datos necesarios, como resultado principalmente de la cultura de nuestras administraciones, poco acostumbradas, con notables excepciones, al uso de registros para la investigación y reticentes a su cesión, al desconfiar del uso que se hará de ellos. Si un mandato del Consejo de Ministros como este Spending Review, en cumplimiento de una recomendación reiterada de las autoridades europeas, se ha enfrentado a tantos inconvenientes, la odisea a que se enfrenta el investigador individual es inimaginable.

La primera recomendación de la AIReF, cuando finalice este encargo, será avanzar en la disponibilidad de estos datos para el conjunto de la comunidad de investigadores, analistas y el propio sector público. Esta apertura de datos conjugará dos principios: la utilidad de su uso por parte de los investigadores y la plena salvaguarda de la confidencialidad de la información, tal y como ocurre en otros países.

España se está quedando atrás en el uso científico de los datos registrales para medir la eficiencia

Tenemos que aprender de los errores. La ya desaparecida Agencia Española de Evaluación (Aeval) no contó con la necesaria independencia ni con los suficientes recursos, y quizás por ello adoptó un enfoque alejado de las tendencias modernas en evaluación de políticas.

Desde su creación, la AIReF se ha esforzado para que sus recomendaciones estén sustentadas por la mayor evidencia empírica posible y ha hecho de la transparencia uno de sus principios, difundiendo, junto a los resultados de sus trabajos, los modelos utilizados.

Ahora creemos que es momento de dar un paso más y aprovechar la fuerza de la inteligencia colectiva en la evaluación de políticas, abriendo a la comunidad científica los datos cedidos para este Spending Review y ofreciendo la infraestructura de seguridad construida para garantizar la confidencialidad de los datos, así como el tratamiento previo de la información recopilada para facilitar su uso para el análisis.

Con ello, la AIReF quiere contribuir a la consecución de una verdadera estrategia nacional de evaluación de políticas públicas.

Esto sería solo una primera etapa en la creación de un auténtico repositorio seguro de datos registrales de las Administraciones públicas para su uso científico. Este repositorio constituiría un “tercero seguro”, en la terminología de la seguridad informática, al que las distintas administraciones podrían ceder sus datos en la confianza de que serán custodiados adecuadamente y de que solo se usarán para la investigación científica y al que la comunidad científica tendrá acceso en condiciones de confidencialidad y seguridad estrictas.

España está quedándose atrás, significativamente, en esta tendencia mundial y corre el riesgo de perder el tren de esta revolución. La ciudadanía debe ser consciente de que existe un coste por las restricciones de acceso a los datos por parte de la comunidad investigadora y ello se traduce, en la práctica, en forma de peores políticas públicas.

Cuando el presidente Obama decía aquello de Show me the evidence (“Muéstrenme la evidencia”), no estaba sino formulando en román paladino el principio de robustez al que tantos investigadores de las ciencias sociales se adhieren: cuantas más veces se replica un mismo resultado por parte de investigadores, con distintas metodologías sólidas y conjuntos de información adecuados, más seguros estamos de que las recomendaciones para las políticas públicas que se derivan de estos análisis van a alcanzar los fines esperados, con el consiguiente beneficio para el bienestar de los ciudadanos. Este debe ser, al fin y al cabo, el verdadero fin de cualquier política pública.

José Luis Escrivá es presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

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