Reforma de los convenios

Poco a poco, el equipo económico de Pedro Sánchez va definiendo sus iniciativas en el margen estrecho que le permiten sus 84 diputados en el Congreso. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, anunció ayer la intención del Gobierno de recuperar el poder de los convenios sectoriales en la negociación colectiva, invirtiendo así la práctica actual de dar primacía a los convenios de empresa sobre el resto. Esta decisión se concretará presumiblemente a través de la proposición de ley que ya está en el Parlamento y cuenta con muchas probabilidades de ser aprobada. La reforma de la reforma laboral puede empezar por este punto si logra la aquiescencia de una mayoría parlamentaria.

La preeminencia de los convenios empresariales sobre los sectoriales fue uno de los instrumentos utilizados por el Gobierno de Rajoy, en el marco de la reforma laboral de 2012, para propiciar una devaluación salarial, que es, en síntesis, la política económica troncal desplegada por el PP contra la recesión. Los resultados de esta política son conocidos: gran creación de empleo, pero de escasa calidad, con una rotación desmesurada y salarios reales a la baja. La vuelta a la superioridad del convenio sectorial, limitada a los aspectos salariales y jornadas de trabajo (el acuerdo de empresa se ocuparía de las decisiones sobre organización interna) restablece un orden negociador más acorde con la estructura empresarial española, donde abundan las pequeñas y medianas empresas y restablece el equilibrio al conceder más capacidad negociadora a los sindicatos.

Hasta ahora, el Gobierno ha identificado correctamente las líneas de cambio de las leyes laborales y está exprimiendo las pocas opciones parlamentarias de que dispone. Se habrá avanzado mucho en la reforma de la reforma si se concreta la superioridad del convenio sectorial, se defiende con éxito la virtualidad de un convenio mientras no se firme el siguiente y se logra un acuerdo contra la subcontratación.