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El gran fiasco del AVE

España y Europa necesitan una red ferroviaria integrada, más que una Alta Velocidad gestionada como un premio político

Estación de trenes de Atocha.
Estación de trenes de Atocha. © Getty

El Tribunal Europeo de Cuentas ha difundido un informe desolador sobre la red ferroviaria de Alta Velocidad en Europa (AVE) que no extrañará a nadie que haya seguido el proceso de aprobación y construcción de las líneas en España. El informe viene a definir el AVE europeo como un gran fiasco con razones poderosas: sobrecostes descomunales tanto en la proyección como en la construcción, fracaso en el objetivo de captar clientes e incapacidad absoluta para conectar la alta velocidad con otros medios de transporte, como el aéreo. En España el sobrecoste de la línea Madrid-Barcelona llega al 38,5%, pero en el resto de los trazados examinados supera el 30%, aunque la palma se la lleva la línea Sttutgart-Múnich, donde llega al 622%. En Europa, el AVE es un conjunto sin coordinación entre los países, con sistemas aislados y deficitarios.

No hay más que examinar el caso de España para entender el fracaso del AVE. La Alta Velocidad no ha vertebrado la estructura integral del transporte porque las líneas se han considerado como premio político o prenda de intercambio antes que un servicio justificado por el volumen de pasajeros o el coste-beneficio de los tramos. Las líneas deficitarias revelan una grave negligencia política. No es aceptable que después de recibir 14.000 millones de fondos comunitarios para el AVE, la línea Madrid- Barcelona ni siquiera conecte con los aeropuertos de ambas ciudades ni sea capaz de unirse al espacio europeo a través de Francia.

El informe debe servir al menos de experiencia. La red de ferrocarriles tiene que estructurarse de forma orgánica, teniendo en cuenta el coste-beneficio de los tramos, reformando las líneas tradicionales e integrando todos los transportes. El AVE, con un coste histórico de 25 millones por kilómetro, en pocas ocasiones es la mejor opción. La cuestión ahora es si los responsables públicos actuarán en consecuencia y aplicarán políticas más sensatas.

 

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