Después de la cumbre

La más controvertida cumbre europea de los últimos años deja a los ciudadanos un sabor agridulce. Más agrio que dulce, porque algunos de los principios democráticos y solidarios básicos de la UE se han puesto en entredicho. Y porque la ambigüedad de las conclusiones aplaza el juicio definitivo sobre los acuerdos al momento en que entren en vigor, a sus modalidades y a sus detalles. Dado su tono poco conclusivo, será más relevante cómo se concreten los pactos que éstos en sí mismos. Así que la poscumbre se avizora más decisiva que el propio Consejo Europeo, lo que abre rendijas a la esperanza de corregir el rumbo.

Los partidarios de la Europa de las libertades y el progreso; la sociedad civil organizada para defender los derechos humanos; y las oenegés comprometidas con la solidaridad deberán ser muy vigilantes para defender una aplicación de los brumosos pactos en un sentido democrático y de cohesión europea, y no de regresión e introspección nacional y endogámica.

Es cierto que la escasa cosecha es más dulce que la eventual implosión de la Unión, que en algún momento se percibió como riesgo real. Un mal acuerdo suele ser menos indeseable que un frontal desacuerdo. Y también es cierto que algunos valores básicos amenazados por los populistas más extremos han sido salvados: así sucede con la ratificación del principio de que todo náufrago (y más en aguas propias) debe ser salvado y rescatado por los barcos más cercanos y llevado al puerto de referencia. Esta norma del derecho marítimo medieval (Consolat de mar), incorporada al derecho internacional moderno, ha sido ratificada frente a quienes pretendían abolirla. Así como la vigencia del derecho de asilo para los fugitivos de regímenes dictatoriales.

Pero otros valores europeos han quedado menoscabados. Así ocurre con el principio de responsabilidad (o igualdad de deberes de cada Estado miembro), pues se ha dejado al arbitrio de cada uno la decisión de establecer centros de acogida. Así puede suceder también con el espacio interno de libre circulación de personas —del que Schengen es arquitrabe— consagrado desde siempre en los tratados europeos, y ello por culpa de las “devoluciones” de refugiados en las migraciones secundarias, las que se producen desde el Estado miembro de destino a aquel al que llegó el inmigrante. Algo que Alemania busca orquestar mediante acuerdos bilaterales.

El nuevo sistema es peor que el anterior de las reubicaciones por cuotas nacionales, pero éste nunca funcionó. Se pretende que el nuevo incremente su eficacia con la ayuda de plataformas exteriores en países norteafricanos, que actuarían como un primer filtro (subvencionado), a la manera de lo orquestado con Turquía. Pero parece haber pocos candidatos para la tarea y demasiadas dudas sobre la protección de los derechos de los migrantes.

Tampoco el capítulo económico-monetario del Consejo Europeo da para alegrías. Los acuerdos son minimalistas, recelosos y de una ambición tan roma que el escudo protector de la eurozona a medio construir resulta vulnerable a reveses de empaque. Si no del todo perdida, esta ha sido desde luego otra oportunidad mal aprovechada.