Tres de cada diez niños argentinos necesita los comedores sociales para alimentarse

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Tres de cada diez niños argentinos necesitan acudir a comedores sociales o recibir ayudas en la escuela para no pasar hambre. Casi 4,2 millones de niños se vieron en esta situación en un país con alrededor de 44 millones de habitantes. Este es el principal dato que se extrae de un informe presentado hoy por la Universidad Católica Argentina (UCA) que recoge datos sobre la infancia en ese país entre 2010 y 2017.

Es un claro retroceso que la gente vuelva a necesitar los comedores. “Cuando uno habla de asistencia alimentaria, se remonta a la crisis del 2001. Está perfecto que el Estado cumpla su función y brinde apoyo cuando es un problema, pero la cuestión de fondo es que sigan pasando los años y esta demanda siga vigente”, manifiesta Sebastián Waisgrais, especialista en Monitoreo e Inclusión Social de UNICEF Argentina.

Según el informe, el 48,1% de niños, niñas y adolescentes son pobres en términos de ingresos y en el interior de este grupo se identifica en situación de indigencia al 10,2%. La Asignación Universal por Hijo (AUH) aún no logró resolver las inequidades. Esta cobertura alcanza a cinco de cada diez pequeños. Waisgrais considera que este año la situación todavía es más compleja: “La mayor necesidad de ajuste fiscal, la inflación cercana al 30%, el posible impacto de la devaluación, el aumento de modalidades precarias de trabajo crean un contexto que hace necesaria una mayor presencia del Estado para proteger los ingresos y dinamizar los circuitos de economía social”.

Un niño en el estrato social marginal registra el triple de probabilidad de no haber consultado al médico en el último año que uno de clase media

Ianina Tuñón, Investigadora Responsable del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA y responsable del informe cree que la infancia es una población muy poco valorada por los políticos.  “Hay dos derechos -salud y educación- que el Estado argentino tiene que garantizar. Se puede observar que ambos son servicios públicos muy pobres. Se pide a las familias que reciben la AUH que cumplan con la contraprestación de escolarizar a sus hijos y acercarlos al sistema de salud. Sin embargo, es el Estado el que no está pudiendo garantizar ambas dimensiones desde el punto de vista de la oferta. El ejercicio de esos derechos depende de que la oferta sea para todos y de calidad. Se observa que los sectores sociales más desfavorecidos obtienen los peores servicios”.

La mitad de la infancia en la Argentina tiene como única opción de atención sanitaria el sector público. Se estima que en 2017 dos de cada diez niños no asistieron al médico. Esto ocurre con mayor propensión a medida que crecen y ganan autonomía. Mientras que hasta los cuatro años se estima que el 10% no asistió a una consulta, entre los cinco y doce años, es el 20% y en la adolescencia asciende al 30%. Un niño en el estrato social marginal registra el triple de probabilidad de no haber consultado al médico en el último año que uno de clase media.

En relación al derecho a la educación, en 2017, los niños pobres tienen más del triple de probabilidad de no asistir al nivel inicial que los que no lo son. En la educación secundaria el déficit educativo es muy elevado y se estima en 36,8%.

Otras formas de pobreza extrema pueden verse en el hábitat. Hacinamiento, precariedad en los materiales de construcción y déficit de saneamiento son aspectos de la vida cotidiana de muchos niños. La mitad de la infancia urbana en el país reside en un espacio residencial nocivo en términos de la contaminación ambiental. Esta situación no se ha modificado de modo sustantivo en el período comprendido entre 2010 y 2017. Los chicos en el estrato marginal registran el triple de probabilidad de vivir en espacios contaminados que los de clase media. Asimismo, el riesgo se eleva al 75,7% en el campo y en áreas metropolitanas.

El acceso a la información también presenta desigualdad. El 59,9% de los niños y niñas no tienen una biblioteca con libros en su hogar y el 39,1% no cuenta con una computadora. “No tenemos Gobiernos que se hayan ocupado de mejorar las estructuras de oportunidades de la población. Otro punto a tener en cuenta es que hay pocos reclamadores sobre estos aspectos. No tenemos niños que demanden mayor calidad de educación. No les vemos cortando calles o ejerciendo presión. La defensa de sus derechos depende de los adultos”, enfatiza Tuñón.

No tenemos niños que demanden mayor calidad de educación. No les vemos cortando calles o ejerciendo presión. La defensa de sus derechos depende de los adultos

Espacio vacante

Frente al contexto presentado en el informe, se evidencia la necesidad de constituir una figura que reclame por el cumplimiento de los derechos de los niños. La figura legal del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes fue creada por ley en 2005. Aunque se establecía un plazo de 90 días para su designación, el cargo sigue vacante tras más de 12 años. Según la coalición de organizaciones de la sociedad civil Infancia en Deuda, el nombramiento del Defensor del Niño de la Nación es crucial porque representa la voz de los más vulnerables y desprotegidos en el reclamo por sus derechos. Se trata de una figura alcance federal, que tiene como objetivo central el control de todos los organismos públicos y privados.

Waisgrais opina: “Contar con esta figura permitiría que todas estas vulneraciones de derechos sean más escuchadas y denunciadas. La defensoría no es solo un organismo de control y defensa, también puede generar una instancia de diálogo y recomendaciones a quienes tienen temporalmente la obligación de implementar políticas publicas para cumplir con los derechos de la niñez. No es una institución que genera soluciones inmediatas, pero contribuye a un mayor cumplimiento de los derechos. Es importante poner esto en la agenda”.

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