Perú intenta combatir la violencia de género

Cada semana, una marea de indignación recorre Perú ante casos de violencia de género. La indignación ya no se debe solo a la violencia de los perpetradores, sino a las omisiones del Estado. El pasado jueves, en Lima, una fiscal y varios policías dejaron marchar a dos detenidos —conductor y copiloto de un autobús— que violaron en la ruta a una compañera de trabajo después de haberla drogado.

La agresión ocurrió cerca de Nasca, una localidad de la costa sur. La azafata del autobús denunció el delito en una comisaría al llegar a la capital y un examen médico corroboró el hecho. La policía detuvo a los denunciados, quienes reconocieron su responsabilidad. Pero cuando la víctima y los policías fueron a una fiscalía penal en Lima para que formalizara la denuncia, la fiscal suspendió la diligencia, y dispuso trasladar el caso a Nasca. Los policías liberaron a los agresores pese a que la fiscal no lo ordenó. Para la Defensoría del Pueblo, la fiscal en Lima tenía obligación de investigar, ya que el autobús donde ocurrió el delito tenía como destino la capital.

Según este organismo, entre enero y mayo de este año se han cometido 43 feminicidios y otras 90 tentativas en Perú. Es un incremento de 55% respecto de 2017.

Además, un tribunal de Tumbes revocó la sentencia de 25 años de prisión por feminicidio a un hombre que, en 2016, prendió fuego a su pareja durante una discusión. La víctima murió ocho días después. El agresor salió libre tras menos de dos años de prisión.

La Conferencia Episcopal, la Defensoría del Pueblo y colectivos ciudadanos piden una educación que erradique el machismo, pero un sector liderado por el Arzobispado de Lima se opone al enfoque de género en la educación, y plantea solo una campaña por la dignidad de la mujer.

El Gobierno aprobó este miércoles un nuevo protocolo para atender casos de feminicidios y anuncia que instalará en Lima y Callao diez fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, aunque no indicó cuándo lo hará.