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Ciudadano Urdangarin

La condena del Supremo al cuñado del Rey confirma que la justicia funciona

Iñaki Urdangarin, ante los juzgados de Palma.
Iñaki Urdangarin, ante los juzgados de Palma.

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Nóos demuestra que el sistema constitucional español es vigoroso y que la afirmación de que todos los españoles son iguales ante la ley no constituye una frase vacía. Frente a la extendida opinión de que la corrupción queda impune, lo ocurrido en las últimas semanas ha servido para confirmar de manera rotunda e inapelable que la justicia funciona. Se la podrá acusar de lentitud o de falta de medios, pero solo una justicia sólida y de calidad puede acreditar en el plazo de unas semanas la corrupción del partido en el poder, a través de las sentencias de la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel, y las malas prácticas de Iñaki Urdangarin, que aprovechándose de su condición de esposo de la infanta Cristina, y por tanto de yerno del ya emérito rey Juan Carlos I, obtuvo contratos, ingresos y privilegios al margen de la ley.

El Supremo ha condenado a cinco años y diez meses de cárcel a Iñaki Urdangarin por graves delitos de corrupción (malversación, prevaricación, fraude, delitos fiscales y tráfico de influencias), reduciendo en apenas unos meses la pena que ya le impuso la Audiencia de Palma en febrero de 2017. El cuñado del rey Felipe VI puede intentar pedir amparo al Constitucional e incluso el indulto al Gobierno, pero las vías para eludir la prisión, que le será comunicada hoy, son escasas.

La sentencia disecciona el funcionamiento del Instituto Nóos, que logró contratos del Gobierno balear por 2,3 millones de euros sin competir en concurso alguno, imponiendo los precios y condiciones y ante la “absoluta complacencia” del Gobierno balear. La condena del entonces presidente de la Comunidad, Jaume Matas, del Partido Popular, a tres años y ocho meses de prisión, se une a otras que ya ha recibido el mismo personaje, uno de los políticos más nefastos de nuestra historia reciente. Matas no solo no vigiló, como era su obligación, el destino de los fondos públicos, sino que alentó a lo largo de su mandato todo tipo de corruptelas.

No es, por tanto, la justicia la que no funciona. Los problemas de la democracia española tienen más bien que ver con la financiación de los partidos y con la financiación de los Ayuntamientos y las comunidades autónomas. Es ahí donde hace falta concentrar los esfuerzos, y es ahí donde deben buscarse soluciones que corten de cuajo toda tentación de buscar fondos al margen de la legislación vigente.

El caso Urdangarin generó una crisis inédita para la Monarquía española, que desembocó en la abdicación del rey Juan Carlos I y en un distanciamiento institucional de la hermana del nuevo Monarca, la infanta Cristina, cuya responsabilidad como partícipe a título lucrativo ha sido confirmada por el Supremo, al igual que la de Ana María Tejero, esposa de Diego Torres, el otro gran protagonista de la disparatada aventura del Nóos. La ejemplaridad no puede ser solo una promesa en boca del Rey y los gobernantes, sino una exigencia moral y judicial que garantice el cumplimiento del artículo 14 de nuestra Constitución: “Los españoles son iguales ante la ley”.

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