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COLUMNA

Hay que ilegalizar los infiernos

El respeto a los derechos humanos debiera ser un valor superior a las normas de la ONU y ese concepto de soberanía nacional que se revuelve contra sus administrados

Fotos de cadáveres sirios recogidas en el Informe César.

Muchos dominicanos celebraron con emoción el éxito del libro La fiesta del chivo,de Mario Vargas Llosa. Por fin, una persona que goza de credibilidad internacional plasmaba en un duro relato las atrocidades del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Hasta entonces, sus interlocutores escuchaban los horrores con cierto escepticismo. Esos cuentos de que el tirano echaba a sus víctimas al foso de los cocodrilos parecían producto de la imaginación de disidentes exagerados.

El informe César sobre los asesinatos y torturas sistemáticas del régimen de Bachar el Asad ha producido, seguramente, un impacto parecido en todos los que han logrado huir de Siria tras sufrir el horror del tirano. Yazan Awad es uno de ellos. Hoy vive en Alemania. “En 2012”, le contaba Awad a la corresponsal de EL PAÍS en Berlín, “pararon las torturas durante dos semanas, pudimos dormir y nos dieron comida solo porque existía la posibilidad de que fueran a venir inspectores de la ONU. Fueron dos semanas increíbles: el paraíso en el infierno”.

Testimonios como este no suelen exponerse en las mesas de negociación de paz. La legalidad internacional establecida tras la Segunda Guerra Mundial impide intervenir en casos tan flagrantes como el de Siria si uno de los miembros del Consejo de Seguridad con derecho a veto (Rusia, en este caso) ve así amenazados sus intereses militares en Siria.

Washington y París quisieron atacar al régimen sirio, pero pudo más la prudencia de no irritar a Vladímir Putin. Así que la guerra sigue después de siete años, después de tanta tortura, después de casi 500.000 muertos y después de casi seis millones de personas exiliadas.

La legalidad que emana de Naciones Unidas necesita una revisión con urgencia. El Consejo de Seguridad ni siquiera avaló una de las últimas “injerencias humanitarias”, la de 1999, liderada por la OTAN para detener la limpieza étnica del régimen de Slobodan Milósevic entre la población albanokosovar. El sufrimiento de las víctimas de los dictadores o de las llamadas democracias iliberales no debe tener cabida en este mundo globalizado. Ese pecho invadido por el cáncer de la venezolana Elizabeth Salazar debido a la falta de medicamentos oncológicos es la cruel realidad que hay tras la represión, la corrupción y el encarcelamiento de disidentes del régimen de Nicolás Maduro. Ya hay voces de la oposición pidiendo la injerencia humanitaria por la que tanto han combatido distintas ONG.

No hay fronteras para la contaminación. Por eso todos los países deben comprometerse contra el cambio climático. Para respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos no debieran valer fronteras tampoco. Aquella declaración tendría que ser un valor superior a esos equilibrios internacionales pactados por los que ganaron una guerra que terminó hace 73 años y superior también a ese concepto de soberanía nacional que se revuelve contra sus administrados.

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