El reto catalán

La principal obligación del nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será defender con firmeza la Carta Magna y los Estatutos de Autonomía. Lo será tanto por afirmación del propio Sánchez como por su reciente trayectoria frente a los intentos de desestabilización que el pasado otoño desembocaron en la intervención de la comunidad autónoma catalana. Y también por imperativo aritmético pues el partido del nuevo Gobierno supone solo un tercio del bloque constitucionalista y apenas la mitad del conjunto que votó la moción de censura que le ha investido.

De modo que, por afirmación propia y por la inviabilidad de vías alternativas, la defensa de las reglas comunes deberá seguir siendo seña de identidad del Gobierno. Le corresponderá por tanto vigilar de cerca al Govern de Quim Torra para asegurarse de que no desborda la Constitución ni subvierte las instituciones de las autonomías —los Mossos, la Hacienda, los medios de comunicación públicos o el sistema educativo— para ponerlas al servicio del unilateralismo ilegal. Por desgracia, la puesta en escena de su toma de posesión y su posterior decisión de colgar del balcón del Palau de la Generalitat pancartas a favor de la libertad de los “presos políticos” y “exiliados”, no lo auguran.

Todo ello no impide, más bien reclama, el mantenimiento de relaciones institucionales y un intento de diálogo con la Generalitat. Pero el necesario diálogo no debe levantar ninguna expectativa acerca de una imposible negociación sobre ninguna independencia ni derecho a decidir; tampoco sobre una evolución constitucional, pues esa tarea compete a todas las fuerzas políticas constitucionalistas, dentro y fuera de Cataluña, y debe formularse en sede parlamentaria, en las Cortes y en el Parlament de Cataluña. Porque las reglas del juego impiden ninguna transacción al respecto. Y porque el nuevo Govern, pese a su inflamada retórica, es estrictamente un Ejecutivo autónomo, con competencias circunscritas a las que le otorgan la Constitución y el Estatuto, y no puede desbordarlas.

Pero sobre todo porque, más allá de sus competencias, el Gobierno de Torra carece de toda atribución para representar al conjunto de la ciudadanía catalana: no puede hablar en su nombre para reclamar un Estado separado: no exhibe el respaldo —no ya los dos tercios de los escaños necesarios para cualquier modificación estatutaria— ni siquiera de la mitad de los votos populares de los catalanes.

Sentados esos principios sin resquicio al equívoco, bienvenidas sean las proclamas de disposición al diálogo y a la política. Para ello se requiere también un retorno activo de los independentistas a la Constitución y al Parlamento español. Ojalá que algo, aunque sea tenue, pueda moverse: ojalá que los independentistas hayan asumido que, contra su discurso, la independencia judicial es un pilar del Estado español (la misma Audiencia Nacional que denuestan es la autora de la sentencia Gürtel condenatoria del PP); y que no hay otro camino que abandonar sus maximalismos y comenzar a trabajar dentro de la Constitución y el Estatut. Si esa es su voluntad, será lógico que encuentren cauces en el Gobierno y en el Parlamento. Si no lo es, le tocaría al Gobierno volver a liderar la defensa de la Constitución.