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La brecha continúa

La diferencia salarial entre hombres y mujeres impide la recuperación de las rentas

Fátima Báñez, ministra de Empleo
Fátima Báñez, ministra de Empleo EFE

La estructura salarial española, según se describe en el Instituto Nacional de Estadística (INE), presenta dos graves desequilibrios. Los salarios han pagado los costes de la reactivación económica, pero la vuelta al crecimiento no ha significado subidas apreciables para los asalariados. En 2016 la remuneración apenas creció el 0,2%; es uno de los factores que mejor explican la desigualdad creciente en España. En el marco de esta precariedad general destaca la brecha salarial abierta entre las retribuciones de hombres y mujeres. Aunque es cierto que esa brecha se redujo en 2016 en seis décimas, lo cierto es que las mujeres cobran el 22,3% menos de sueldo bruto anual que los hombres; que los salarios más bajos afectan a dos de cada tres mujeres ocupadas y que existe una tendencia creciente a feminizar sectores de producción y servicios con el fin de extender los niveles salariales más bajos.

No basta con que la diferencia salarial entre hombres y mujeres tienda a disminuir, porque lo hace con una lentitud pasmosa. Tampoco está claro que esta reducción sea una consecuencia de la acertada política laboral del Gobierno. La percepción dominante es que el ejecutivo permanece ausente en este caso y se refugia, como en otros, en las “mejoras macroeconómicas”. La brecha salarial es un grave problema para España porque la incorporación plena de la mujer al mercado laboral es el factor que explica la mejora de los parámetros de renta española con otros países del entorno. Con Italia, sin ir más lejos. Es vital reducirla y suprimirla.

Pero no es posible cumplir este objetivo, ni siquiera a medio plazo, sin una acción coordinada desde la Administración. Hay que aplicar con contundencia los medios de la inspección de Trabajo de forma que las leyes se cumplan sin excusas ni ocultaciones. Si se acepta que la ley debe cumplirse, sería conveniente organizar oficinas autonómicas y estatales para analizar las denuncias de discriminación.

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