Usos y hábitos democráticos

En la primera reunión que celebró el Gobierno de UCD, presidido por Adolfo Suárez, tras ganar las elecciones de junio de 1977, se aprobó una declaración en la que se anunciaba la apertura del proceso constituyente y se explicaba que, además del ordenamiento jurídico democrático, el país necesitaba “usos y hábitos cívicos de clara inspiración democrática que complementen los principios y normas estrictamente políticos”. En consecuencia, el Ejecutivo se comprometía a explicar, con toda la crudeza que fuera necesaria, los problemas reales del país, “a cumplir con su tarea esencial de gobernar” y a colaborar con los demás partidos, “cuya aportación al bien de España el Gobierno reconoce y agradece”. Se trataba, fundamentalmente, de establecer en todos los niveles, públicos y privados, un clima de hábitos democráticos, despreciados en la dictadura franquista. Y eso, los usos democráticos, tan seriamente reclamados desde el inicio de la transición, son, precisamente, los que no están funcionando en la actualidad.

No está funcionando la rendición de cuentas, un hábito democrático esencial, que obliga a quienes gobiernan a explicar con detalle sus políticas y que implica la predisposición absoluta del dirigente político a asumir su responsabilidad individual (algo que es, además, el paradigma del liderazgo).

El Gobierno del Partido Popular, y su presidente, Mariano Rajoy, no explican lo que hacen, ni lo que dejan de hacer. A estas alturas de la legislatura, el presidente no ha promovido, ni permitido, un debate parlamentario en profundidad sobre la crisis catalana, no ha explicado ni por lo más remoto por qué ha cambiado de criterio sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones (ha sido el PNV el que ha aclarado que se trata de una de las monedas de cambio para prestar su apoyo a los presupuestos) y no ha asumido ninguna responsabilidad como presidente de un partido político que está implicado en decenas de graves casos de corrupción.

Lo que faltaba era que el quebrantamiento de los usos democráticos se extendiera al partido Ciudadanos, que se reclama liberal y regeneracionista. Mañana, la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, iniciará la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para determinar quién será el o la sucesora de Cristina Cifuentes. El Partido Popular no dispone de mayoría para imponer a su candidato (48 escaños de un total de 129), pero, según ha explicado el portavoz de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, su grupo apoyará a cualquier aspirante popular “limpio”, es decir libre de sospechas de corrupción.

Aguado asegura que eso forma parte de los usos democráticos. Pero no es así, en forma alguna. El problema en la Comunidad de Madrid no es Cifuentes, sino un partido del que proceden sus cuatro últimos presidentes, todos los cuales están salpicados o imputados formalmente por delitos de corrupción. ¿Qué más necesita Ciudadanos para impedir que el PP de Madrid acceda de nuevo a la presidencia de una comunidad que maneja un presupuesto de 20.000 millones de euros? Los hábitos democráticos en que tanto insistía UCD, obligarían justamente a que el partido de Albert Rivera ayudara a desalojar al PP de esas estructuras políticas, de manera que las próximas elecciones autonómicas se celebren ya habiendo rendido cuentas cada uno de lo que le corresponde.

¿Y qué hace falta para que el presidente del Gobierno asuma su responsabilidad y destituya a un ministro de Justicia, Rafael Catalá, que está absolutamente imposibilitado para ejercer de interlocutor con todas las asociaciones de jueces y fiscales del país? ¿De qué sirve mantenerle en el Ministerio? ¿Acabará esta legislatura sin que, gracias a Ciudadanos, los responsables del PP asuman su responsabilidad? ¿Habrá que imaginar una nueva etapa en la que un nuevo gobierno mantenga la misma actitud desmemoriada sobre los usos y hábitos cívicos? ¿Más años así?