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La tentación de desacreditar a los jueces

Es notorio el espíritu de linchamiento más que un esfuerzo por hacer pedagogía para cambiar la ley

El Ministro de Justicia Rafael Catalá atiende a la prensa antes de inagurar hoy el centro de formación del ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

El ministro Catalá terminó ayer de sumarse al linchamiento del tribunal de La Manada, señalando al magistrado del voto particular estupefaciente. Tal vez se deba a la orden en el PP de recuperar la conexión con la calle. Parece que Catalá ha entendido que eso consiste en encender la antorcha para colocarse al frente de la turbamulta. Que sea ministro de Justicia, como diría Rajoy, “ya tal”. Y la magistrada Margarita Robes va a su lado. A estas alturas ya es obvio que aquí, mientras se presentan los recursos, no se está planteando un debate racional para una reforma legislativa, sino que se está maniobrando para rentabilizar la indignación colectiva. Y va cobrando un tono peligroso en un clima ya bastante deteriorado de confianza en el sistema, y en particular en los tribunales.

Durante los últimos meses se ha defendido que no hubo rebelión en el procés de Cataluña, al margen de los hechos, apelando a que la ley es la ley: si el delito de rebelión requiere violencia explícita, no puede haber rebelión. Ahora, sin embargo, tras la sentencia de La Manada, hay indignación porque los jueces se hayan atenido a la letra sin interpretar que hay formas implícitas de violencia. Va de suyo que cada cual tendrá su opinión sobre estos asuntos desde criterios ajenos a la técnica jurídica —por mi parte, creo que hay violación en toda regla, como creo que en Cataluña no hubo solo una performance— pero aquí se ha disparado por elevación, convirtiendo el episodio en categoría, con el mensaje de una Justicia adulterada. Se han dicho barrabasadas peligrosas. El ínclito catedrático Pérez Royo incluso atribuye al magistrado del voto particular mentalidad de violador y remata que “podría haberse incorporado a La Manada”. Ese es el nivel.

El independentismo lleva meses alimentando ese discurso por una razón obvia: ellos han vulnerado el Estado de derecho, así que nada mejor para justificarse que negar precisamente la existencia de ese Estado de derecho. De ahí que su mantra sea que España es un Estado autoritario más semejante a Turquía que al entorno europeo. Con ese aval, se ha visto acoso a jueces, incluso amenazas, insultos, ataques a las viviendas e incluso a las familias y su patrimonio... ¿De verdad pocos ven una inercia inquietante en todo esto? Apoyados por el entorno de Podemos y grupos antisistema, cuyo programa es desacreditar e incluso desmontar el Régimen del 78, la espiral ha sido incesante.

La sentencia de La Manada será, por supuesto, recurrida. Como tuiteaba sensatamente Carmena (“recordemos la garantía que supone la doble instancia en el orden penal”), los recursos ante el TSJN y después ante el TS podrán dar una interpretación más ajustada. Pero es notorio que aquí ya se ha impuesto la instancia de Twitter, de WhatsApp con sus memes o de las tribunas mediáticas más combustibles. Basta ver en qué dirección corren Catalá o Robles apuntándose al populismo judicial. Y sí, todas las protestas sobre la sentencia están avaladas por la libertad de expresión, va de suyo. Pero la libertad de expresión también puede servir para expresar ideas miserables o peligrosas, y no hace falta mencionar a los neonazis o ciertos raperos. Aquí ha sobrado pólvora.

A quienes ha indignado, y no sin razón, que Rivera lance fotografías de los profesores denunciados en Cataluña para señalarlos como ellos a los hijos de guardias civiles, sin embargo, no les indigna el modo en que se repiten los nombres y los datos de los jueces. Y esto ya sucede demasiadas veces, a derecha e izquierda. Algunos tal vez confíen en convencernos de que lo hacen porque aspiran a construir una sociedad mejor. Y no hay que descartar que alguien incluso les crea. Pero es muy notorio el espíritu de linchamiento antes que la voluntad de pedagogía para cambiar leyes deficientes y actualizar mentalidades obsoletas. Es otro modo de actuar junto a quienes ya trataron de entrar por la fuerza en los juzgados de Pamplona. Y ahí suman Catalá, primero reprobado en el Congreso y ahora refutado por jueces y fiscales, y Margarita Robles, el viejo bipartidismo decadente sumándose a desacreditar la separación de poderes y el prestigio del sistema. Un gran progreso para la democracia.

Los párrafos 2, 4 y 5 de este artículo han sido modificados a las 9:50 CEST a petición del autor.

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