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El legado de Ríos Montt

El criminal de guerra más cruel de Guatemala

Ciudad de Guatemala

José Efraín Ríos Montt, el dictador más cruel de Guatemala, ha muerto a los 91 años de edad. Los escasos meses en que presidió el país, organizaciones de derechos humanos estiman que más 10,000 personas fueron asesinadas. Durante los primeros ocho meses de su mandato, se registraron 10 masacres cada mes. Más de 400 comunidades indígenas fueron destruidas. Ríos Montt, como tantos otros dictadores latinoamericanos, aunque fue encontrado culpable, logró anular el juicio. Las luchas por la afirmación de la sentencia continúan tanto en los tribunales nacionales como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El pueblo guatemalteco, sin embargo, lo condenó.

La étnia maya Ixil fue una de las que sufrió con mayor brutalidad la violencia asesina del dictador Ríos Montt.
La étnia maya Ixil fue una de las que sufrió con mayor brutalidad la violencia asesina del dictador Ríos Montt. EFE

El dictador más notorio de Guatemala, el general retirado José Efraín Ríos Montt, murió a causa de un infarto a comienzos de abril. Tenía 91 años.

Ríos Montt tomó el poder a través de golpe de estado el 23 de marzo de 1982. Fue depuesto 17 meses después, el 7 de agosto de 1983, por un golpe de estado militar liderado por quien fuera su ministro de defensa, Osca Humberto Mejía Víctores.

Durante los 36 años que duró el conflicto armado en Guatemala, se experimentaron altos niveles de violencia. Aproximadamente 200,000 personas fueron asesinadas y 45,000 desaparecidas, miles de personas fueron desplazadas o exiliadas, junto a incontables víctimas de tortura y violencia sexual. De acuerdo con la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), Ríos Montt dio continuidad y expandió la política de tierra arrasada diseñada e implementada por su antecesor Romeo Lucas García (1978-1982). Establecidas presuntamente para destruir los movimientos insurgentes, tales políticas represivas, sin embargo, fueron usadas sistemáticamente para destruir los movimientos sociales que incidían por un cambio y que desafiaban las dictaduras militares. Tal como indica la CEH:

Durante el período comprendido entre 1979 y 1985 la espiral de violencia siguió aumentando hasta alcanzar niveles inimaginables. Los gobiernos de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt concentraron sus esfuerzos en aniquilar al enemigo interno, limitándose no sólo a combatir a la guerrilla, sino atacando sistemáticamente al movimiento social y a la población en las áreas de fuerte presencia guerrillera, principalmente población maya.

Los escasos 17 meses en que Ríos Montt presidió Guatemala fueron los más brutales del conflicto. Organizaciones de derechos humanos estiman que 10,000 personas fueron asesinadas en los primeros tres meses de su gobierno. Durante los primeros ocho meses de su mandato, se registraron 10 masacres cada mes. Más de 400 comunidades indígenas fueron destruidas. Según la CEH, el 83% de las víctimas del conflicto armado interno eran indígenas. La estrategia contrainsurgente implementada por Ríos Montt constituyó un acto de genocidio contra la población indígena en cinco regiones del país.

Los juicios de genocidio

Después de evadir la justicia durante décadas, Ríos Montt fue sometido a en juicio oral y público que dio inicio el 19 de marzo de 2013 y finalizó con una sentencia condenatoria el 10 de mayo de 2013. Fue condenado a 80 años de prisión: 50 años por genocidio y 30 años por delitos contra los deberes de humanidad contra la población Maya Ixil.

Más de 100 sobrevivientes y familiares de las víctimas testificaron en el juicio declarando sobre los horrores que sufrieron, incluyendo masacres, tortura, violaciones masivas y desplazamientos forzados. Aquellos que huyeron a las montañas, narraron historias desgarradoras de sobrevivencia frente a la incasable persecución y ataque militar. Muchos murieron de hambre, mientras otros, presionados por las condiciones extremas que enfrentaron en la montaña, se entregaron y fueron reubicados en las infames “aldeas modelo” o “polos de Desarrollo” creados por el Ejército para controlar a la población rural.

Diez días después del veredicto, la Corte de Constitucionalidad suspendió parcialmente el proceso basándose en un tecnicismo. La decisión dejó sin efecto la sentencia condenatoria. Es probable que varios factores externos influyeran en tal decisión, incluyendo la presión ejercida por el Comité Organizados de Asociaciones Comerciales, Industriales y Finacieras, CACIF. Ríos Montt fue liberado de la prisión militar y puesto en arresto domiciliario. Su jefe de inteligencia, Mauricio Rodríguez Sánchez, juzgado en el mismo proceso, también fue puesto bajo arresto domiciliario. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales alegaron que la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad era ilegal y debía anularse.

Muchos murieron de hambre, mientras otros, presionados por las condiciones extremas que enfrentaron en la montaña, se entregaron y fueron reubicados en las infames “aldeas modelo” o “polos de Desarrollo” creados por el Ejército para controlar a la población rural.

El nuevo juicio contra ambos acusados, Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, fue reprogramado para enero de 2015, pero varios recursos interpuestos por los abogados de Ríos Montt retrasaron el inicio del proceso hasta marzo de 2016. Para ese entonces Ríos Montt había sido diagnosticado con demencia senil, obligando a los juzgadores a tomar medidas especiales: el juicio no sería público; Ríos Montt no estaría presente; e incluso, si fuese encontrado culpable, no cumpliría ninguna pena. Después de varias audiencias, ese nuevo proceso fue también suspendido después que la corte determinara que Rodríguez Sánchez tenía derecho a un juicio público.

En octubre de 2017, el nuevo juicio comenzó. Sin embargo, el Tribunal tomó la decisión de realizar sólo una audiencia a la semana. Los viernes por la mañana, en audiencias a puerta cerrada, se realizaría el juicio contra Ríos Montt y, por las tardes, el juicio oral y público contra Rodríguez Sánchez.

En 2017, un tribunal decidió que Ríos Montt debía enfrentar juicio por la masacre de las Dos Erres en 1982, donde 200 personas, entre ellas mujeres, niñas, niños y ancianos fueron asesinadas.

La anulación de la condena y las demoras para reinicar el juicio demuestran el poder que aún tienen los élites miltares en Guatemala. Ahora que Ríos Montt murío, los casos penales en su contra han sido anulados. El juicio contra Rodríguez Sánchez, sin embargo, continúa.

Los sobrevivientes

Para los sobrevivientes del genocidio, la posibilidad de testificar sobre las atrocidades que sufrieron y poder confrontar en un tribunal a su torturador, tiene un significado que va más allá de lo legal. “Para nosotros, los pueblos indígenas, la lucha por la justiciai tiene varios niveles”, nos comenta Edwin Canil, presidente de la Asociación de Justicia y Reconciliación, que representa a sobrevivientes de la violencia estatal en cinco regiones del país. Edwin es también uno de los sobrivientes de las matanzas de Ríos Montt. “La búsqueda de justicia legal es sólo un aspecto de nuestra lucha - agrega. También estamos luchando para reescribir la historia de Guatemala y para visibilizar la violencia histórica que ha sido ejercida contra el pueblo indígena”.

“Ríos Montt ha muerto”, sostiene Edwin Canil, “pero aún hay muchos otros que tienen responsabilidad por lo que sucedió. Esperamos que el Ministrio Público avance con los juicios contra ellos”.

El genocida Efraín Ríos Montt.
El genocida Efraín Ríos Montt. EFE

El legado de Ríos Montt

Ríos Montt será recordado como uno de los dictadores más despiadados el siglo XX.

La sentencia condenatoria por genocidio, dictada en 2013, aunque anulada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, sigue siendo un documento histórico de enorme relevancia. Sustentada con pruebas testimoniales, documentales, forenses y otras, demuestra que Ríos Montt fue responsable del genocidio contra el pueblo Maya Ixil. El dictador guatemalteco fue un hombre despiadado y cruel, que desplegó una legión de abogados para retrasar, obstaculizar y evadir la justicia, terminando su vida impune, en plena persecución penal por genocidio y delitos de lesa humanidad.

 

Jo-Marie Burt es norteamericana. Profesora asociada de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos de la Universidad George Mason. Es también asesora principal de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).

Paulo Estrada es guatemalteco y activista de derechos humanos.

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