El posible pacto del agua

Las precipitaciones medias en España se han reducido en torno al 20% en los últimos quince años, lo que es compatible con episodios intensos de lluvias torrenciales. Ninguna política de agua puede obviar esta realidad, que cuestiona la confianza en la existencia de cuencas estructuralmente excedentarias, capaces de aportar agua a las cuencas deficitarias: después de cuatro años de sequía, en 2017 se alcanzaron mínimos históricos en las cuencas del Duero y del norte.

De ello se deduce la necesidad de una “transición hidrológica”, a semejanza de la transición energética. En ambos casos, su diseño debe tener en cuenta el avance gradual hacia los máximos niveles de eficiencia en el uso de los recursos propios, reduciendo así la dependencia de cada territorio respecto de recursos externos, anticipando eventuales efectos sociales negativos. Hoy existen tecnologías para satisfacer la demanda utilizando menos recursos, con menor impacto ambiental.

Por ello, resultaría muy cortoplacista si el Gobierno plantease al PSOE un pacto del agua circunscrito a compartir la responsabilidad sobre trasvases. En el caso del trasvase Tajo-Segura, el Gobierno ha perdido seis años para garantizar en la cuenca receptora una mayor disponibilidad de agua, en particular culminando la construcción de las denostadas plantas desaladoras, que aportan agua siempre, llueva o no en la cabecera del Tajo. A pesar del retraso en su desarrollo, las plantas en funcionamiento han atendido, durante esta sequía, el abastecimiento e incluso parte del regadío. El trasvase Tajo-Segura genera enfrentamientos innecesarios entre territorios, que podrían evitarse promoviendo un mayor grado de autosuficiencia de la cuenca del Segura.

Una política coherente sobre el agua no puede limitarse a un acuerdo sobre los trasvases

El PSOE ha impulsado una subcomisión parlamentaria sobre agua y cambio climático; y creemos imprescindible que la planificación hidrológica incorpore las exigencias de la Comisión Europea, que requiere a España un adecuado control público del consumo de agua, el establecimiento de precios que incentiven el uso eficiente del agua, la transparencia en la aplicación de subvenciones, medidas eficaces contra la contaminación y la sobreexplotación de los acuíferos, la fijación de caudales ecológicos para garantizar el mantenimiento de los ecosistemas fluviales... Resulta urgente cumplir con la directiva europea sobre calidad del agua; no solo por evitar sanciones, sino porque las aguas residuales adecuadamente depuradas pueden reutilizarse, aumentando los recursos disponibles. Un ejemplo: en la Comunidad de Valencia se podrían reutilizar unos 300 hm³ al año (cinco veces la cuantía autorizada para trasvasar desde la cabecera del Tajo), aprovechando las aguas residuales, tratadas en depuradoras; hoy día las vierten al mar.

Para avanzar hacia los deseables consensos sociales y políticos, sería imprescindible disponer de un conocimiento más riguroso del contenido de los derechos concesionales vigentes, como exige la Comisión Europea. Por eso, el PSOE plantea la necesidad de llevar a cabo una “auditoría hidrológica”, similar a la solicitada en la transición energética.

Todo lo anterior ha sido trasladado a la ministra competente. Estamos también pendientes de comprobar si los Presupuestos Generales del Estado permiten cumplir la ley sobre sequía, aprobada recientemente, que incorporaba, a propuesta del PSOE, un plan de choque para aumentar los recursos de la desalación y la reutilización, la subvención del agua desalada para usos agrícolas y la creación de un fondo específico de 1.000 millones para compensar las pérdidas causadas por la sequía. De momento, las cuentas públicas recogen una cuantía menor para la inversión en política del agua sobre la cifra de 2017.

La política del agua del siglo XXI debe dejar atrás un enfoque casi exclusivo de oferta, que ha propiciado costosísimas infraestructuras hidráulicas —cuyo uso puede y debe optimizarse—, para dar prioridad a un enfoque de demanda, con gestión integral de las aguas superficiales, las subterráneas y las procedentes de la desalación y de la reutilización; y un enfoque que refuerce el carácter público y el valor ecológico del agua.

Corresponde al Gobierno decidir si está dispuesto a modificar la inercia de una política que hoy destaca más por la ingente obra pública acumulada y por la conflictividad entre territorios que por la capacidad de gestión pública de un bien imprescindible para la vida y para el progreso, reconocido como un derecho por parte de Naciones Unidas.

Cristina Narbona fue ministra de Medio Ambiente y es presidenta del PSOE.