El futuro es renovable

El sector eléctrico es la piedra angular de la transición energética. Liberarlo de emisiones hará posible, a través de la electrificación, la descarbonización de la economía. Pero ¿cuál es la vía más eficaz para hacerlo? A esta pregunta ha respondido, a petición del Gobierno, un grupo de expertos propuestos por partidos políticos y sindicatos. Los expertos destacan la necesidad de invertir en renovables, pero cuestionan el cierre de las nucleares al final de su “vida de diseño” porque “supondría un incremento del coste de generación de entre 2.000 y 3.200 millones cada año” y duplicaría las emisiones.

En los escenarios analizados por los expertos, la energía nuclear es sustituida casi por completo por la combustión de gas, con elevados costes de generación y elevadas tasas de emisión. Si la sustitución se hubiera hecho hacia las renovables, el aumento de costes y de emisiones habría sido muy inferior, incluso nulo. Además, en la letra pequeña del informe se lee que el cierre de las nucleares aumentaría el coste para los consumidores entre 650 y 950 millones al año, lo que incrementaría la factura de un hogar medio de 8 a 11 euros anuales. La diferencia entre esta cifra —los costes para el consumidor— y la destacada por los expertos —los costes para las empresas— refleja, básicamente, los beneficios que dejarían de ganar las empresas eléctricas si no se prorrogan sus licencias más allá de los 40 años de explotación; con datos del informe, estos beneficios se sitúan entre 950 y 1.900 millones anuales antes de impuestos, y sin incluir los costes de reforzar la seguridad nuclear, entre 135 y 760 millones anuales, que los expertos no incluyen en los costes de la opción nuclear.

Bajo la actual regulación eléctrica, la diferencia entre los costes para los consumidores y los costes para las empresas hace aumentar el precio de la electricidad, lo que reduce la renta disponible de las familias, merma la competitividad de las empresas y obstaculiza la transición energética. Por tanto, el debate sobre la conveniencia de extender o no la explotación de las nucleares debe ir acompañado de una seria reflexión sobre el modelo regulatorio del sector eléctrico en España.

Descartado el futuro del carbón por sus elevadas emisiones, la alternativa a prolongar la explotación de las nucleares es aumentar la ambición en materia de renovables. No solo permiten producir electricidad sin emisiones, riesgos ni residuos, lo hacen también ya con costes menores. Según la Agencia Internacional de la Energía Renovable, los mejores proyectos de renovables adjudicados para 2019 permitirán generar electricidad a 24 euros/MWh, un precio similar al coste variable de una nuclear que ya ha recuperado y amortizado sus costes fijos. La empresa de inversiones Lazard llega a afirmar que no es rentable operar algunas nucleares existentes porque sus costes variables son ya superiores a los de las renovables más modernas.

En España, la energía de las centrales de carbón y gas ya está siendo sustituida por nuevas renovables sin presionar al alza los precios. Y, cuanto mayor sea la penetración de las renovables, menores serán los costes para el consumidor. Pero el sistema también tiene que cubrir la demanda en situaciones de baja hidraulicidad, sol o viento. España cuenta con 25.000 MW en ciclos combinados infrautilizados, que facilitarían la sustitución de los 17.000 MW conjuntos de carbón y nucleares. Si bien el crecimiento de la demanda futura podría hacer necesaria nueva potencia de respaldo, la vía más eficiente para gestionar los desequilibrios del sistema es dotar al operador del sistema, además de la gestión de la interrumpibilidad, de la gestión de la hidroelectricidad, del bombeo y de las interconexiones internacionales en conjunto. La reducción de costes de los sistemas de almacenamiento aportará nuevas herramientas que facilitarán la transición.

Durante la próxima década, España puede prescindir de forma progresiva y ordenada de las centrales nucleares y del carbón con importantes retornos sociales, económicos y medioambientales. Corresponde, en cualquier caso, a la sociedad, y no solo a los expertos o al Gobierno o a las empresas implicadas, deliberar sobre el modelo energético que queremos, sobre los costes y sobre los riesgos que como sociedad estamos dispuestos —o no— a aceptar, que es lo mismo que decidir sobre los beneficios a los que no estamos dispuestos a renunciar.

Natalia Fabra es catedrática de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, y Mikel González-Eguino es profesor de Investigación en BC3 y en la Universidad del País Vasco.