Los peores pronósticos

Las cuentas dadas a conocer por el Gobierno esta semana confirman nuestros peores pronósticos: la estrategia de la derecha española (la antigua y la nueva) es continuar debilitando el Estado de bienestar. Como socialistas no podemos dejar de reivindicar que una de las grandes funciones de las finanzas públicas, y en particular de los Presupuestos Generales del Estado, es la redistribución de la renta y de la riqueza que genera el país. En un contexto económico y tecnológico en el que la desigualdad no es un fenómeno transitorio y en el que la inseguridad sobre el futuro se ha apoderado de las rentas medias, se necesita poner en el corazón de la política económica la lucha contra la desigualdad para dar seguridad a la mayoría. Y es que el reparto del crecimiento económico vuelve a ser tremendamente relevante para la sociedad. En consecuencia, el Estado de bienestar se hace más necesario que nunca; sin embargo, el Gobierno quiere ir reduciendo hasta situar el gasto público español en el 38% del PIB, justo el peso que tienen los ingresos públicos en la renta, uno de los más bajos de la Unión Europea.

Me explico. La progresiva reducción del Estado de bienestar se produce con el socavamiento progresivo de los impuestos directos (IRPF, impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones e impuesto de sociedades), que se ve compensado con el incremento en el peso del PIB de la tributación indirecta y el menor peso del gasto social.

Nadie se debería llevar a engaño: en la medida en que no se apueste por una profunda reforma fiscal que permita que el 10% más rico de nuestro país y las grandes corporaciones aporten más a las arcas públicas, todo deterioro de las bases recaudatorias del IRPF es financiada por los propios trabajadores y las rentas medias por las vías de menos gasto social y más imposición indirecta, en una suerte de redistribución hacia arriba de la renta y el bienestar o redistribución al revés.

Por ejemplo, la reducción del déficit del 4,5% del producto interior bruto (PIB) al 3,1% se explica por una disminución de un 1,2% del PIB del gasto público y un 0,2% del PIB de mayores ingresos públicos.

En 2018 las Administraciones públicas invertirán 10.000 millones menos de lo debieran en políticas sociales y de modernización de la economía

Nos ayuda a entender lo anterior el hecho de que el gasto total de las Administraciones públicas haya crecido en 2017 a una tasa del 1,1%. En particular, el gasto de la Administración central se redujo a una tasa del 0,7%; sin embargo, la economía creció nominalmente un 4%. Por cierto, con ese crecimiento del gasto público no se puede decir que la política fiscal sea expansiva.

El ajuste en 2018 se volverá a producir por el lado del gasto y, en particular, por el lado del gasto social y productivo: estas tres variables volverán a crecer menos que el crecimiento nominal de la economía, que de media podría situarse, con bastante probabilidad, en el 4,7%. Con ello, las Administraciones públicas invertirán 10.000 millones menos de lo que debieran en políticas sociales y de modernización de la economía. El 100% de la reducción del déficit será por la vía del gasto público.

Por otro lado, en los Presupuestos una de las partidas más importantes son las pensiones. El Gobierno ha ido a rastras de las demandas sociales, por no hablar del espectáculo de la carrera de Ciudadanos y el PP de ir anunciado medidas electoralistas para los pensionistas; pero lo más relevante es que el entorno normativo impuesto por el Gobierno se mantiene, es decir, el IRPF y todas las reformas del PP, marco por el que los pensionistas perderán a medio plazo entre un 30% y un 40% de poder adquisitivo y un 11% acumulado hasta 2023, según la Airef; por consiguiente, la normativa por la que los pensionistas perderán poder adquisitivo de manera estructural permanece, por lo que las medidas propuestas en los Presupuestos en materia de pensiones además de insuficientes, en muchas de ellas son transitorias.

Otra de las grandes funciones de las finanzas públicas es contribuir a la modernización de la economía, y por ende a incrementar la productividad, cada vez más importante a tenor del envejecimiento de nuestra población. Desgraciadamente, el propio Gobierno reconoce que la productividad aparente del trabajo solo crecerá un 0,2% en 2018, con lo que las ganancias de competitividad de la economía se producen, en gran parte, por la devaluación interna. Pero el tiempo para ganar productividad se agota antes de que concluya la fase alcista del ciclo económico.

Pedro Saura es portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista.