La sociedad civil tunecina contra la impunidad policial

Las principales organizaciones de derechos civiles tunecinas han denunciado en repetidas ocasiones que la transición democrática no ha puesto fin a la práctica de la tortura, que fue sistemática durante el régimen de Ben Alí. Sin embargo, la señal de alarma ante la impunidad policial no había sonado tan fuerte como el pasado 26 de febrero. Aquel día, decenas de agentes armados penetraron en el recinto del tribunal de Ben Arous para presionar al juez en la instrucción de un raro proceso contra varios policías acusados de torturas a un detenido. Un sindicato policial incluso instó a través de un comunicado público a sus miembros a boicotear al tribunal, negándose a ofrecerle su protección hasta la puesta en libertad de sus compañeros.

“Los hechos del 26 de febrero... constituyen una tentativa grave de obstruir el desarrollo de la justicia por unos agentes que normalmente estan investidos del mandato de hacer respetar la ley, y de perpetuar la impunidad de la que disfrutan las fuerzas de seguridad por crímenes como la tortura”, critica una carta abierta suscrita por quince influyentes ONG que operan en el país. Entre ellas, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que desde la Revolución ha documentado cada año decenas de casos de torturas y abusos en comisarías y cárceles. Apenas ha habido ninguna condena.

“Hace años que las organizaciones de defensa de los derechos humanos piden a las autoridades poner fin a la impunidad. Pero desde 2011, la abrumadora mayoría de las alegaciones creíbles de torturas y otros abusos imputables a las fuerzas de seguridad no han llevado a un proceso”, denuncia la misiva. Las presiones en favor de una reforma profunda del Ministerio del Interior se redujeron notablemente a raíz de la ola de atentados terroristas de 2015. Los sindicatos de policía incluso han pasado a la ofensiva, y en noviembre amenazaron a los líderes políticos de retirarles su protección si el Parlamento no aprobaba la “ley contra los ataques a las fuerzas de seguridad”, que ha sido considerado inconstitucional por numerosos juristas.