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¿Cómo pudieron confundirse?

En España, en estos momentos, hay demasiadas cosas que parecen normales y no lo son

Reporteros frente a la sede del Tribunal Constitucional.
Reporteros frente a la sede del Tribunal Constitucional.

El desánimo es como un narcótico: adormece la mente en la indiferencia, decía un actor y director de cine tan sensible a la naturaleza humana como Charles Chaplin. Los narcóticos, dicen, ayudan a ver el mundo sin complicaciones y el desaliento termina también por provocar la rendición ante la simpleza y la manipulación. Los dos son veneno.

El desaliento empuja hacia el acomodo. Pero, ¿hasta dónde puede llegar la componenda? La actual legislatura nació de una componenda, puesto que el presidente Rajoy nunca reunió una mayoría de gobierno, y se va desarrollando con otra, extraordinaria, porque un partido, Ciudadanos, que dice formar parte de la oposición mantiene a ese Gobierno en su empleo. Seguramente es el desánimo el que permite que sucedan cosas tan extravagantes.

Asombroso sigue siendo que TVE incumpla de manera tan clamorosa las normas profesionales que respetan los servicios informativos de las televisiones públicas de nuestro entorno, y que no suceda nada de nada. Cierto que en septiembre del año pasado el Congreso aprobó una nueva ley para restablecer el antiguo mecanismo, menos sectario, de elección del Consejo de Administración. Pero cierto también que estamos a 18 de marzo y los servicios informativos siguen siendo aborrecibles. Si hubiéramos tenido una televisión pública digna de ese nombre quizás los ciudadanos hubieran podido refugiarse en ella en estos días tan tristes y aprender que los asesinatos no deben salir de la sección de sucesos, donde invitan a la reflexión sobre la naturaleza humana y no sobre la cadena perpetua o la reforma de incontables leyes. Quizás esa televisión pública hubiera permitido organizar un debate sobre la tragedia que supone que los sucesos, incluso los que dejan más afligido, sean objeto de una descarada instrumentalización electoralista.

Quizás, si no existiera ese desanimo, se podría haber pensado que, puesto que en este país hay ocho millones de pensionistas, la televisión pública era el lugar perfecto para informar y debatir sobre su situación actual y las complicaciones que puede experimentar el sistema en el futuro. Quizás, incluso, para entrevistar al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y preguntarle, no su opinión sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, respetable, sin duda, sino qué opina sobre algo todavía más importante, el principio de igualdad ante la ley. Es decir, sobre el hecho de que determinados empleados del Banco de España, entre otros él mismo, disfruten o vayan a disfrutar de pensiones de hasta el 100% de su salario (ellos o sus derechohabientes) gracias a una Mutualidad, ya sin nuevos socios, pero que se dotó en su día con dinero público, miles de millones de las antiguas pesetas, para garantizar esos ingresos extra.

En España, en estos momentos, hay demasiadas cosas que parecen normales y que no lo son. No lo es, tampoco, que un Tribunal Constitucional que nació con una brillante trayectoria de defensa de la libertad de prensa y de expresión, y que dejó escritas sentencias memorables, bajo la presidencia de Manuel García Pelayo y Francisco Tomas y Valiente, se haya visto corregido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por una interpretación tan estrecha de los límites de la libertad de expresión como para que no quepa en ella la quema de fotografías de personajes públicos. Ya lo advirtió la magistrada Adela Asúa en su momento: “La libertad de expresión tiene límites, por supuesto, fundamentalmente no acoge a aquello que ayude a crear un ambiente de hostilidad hacia grupos vulnerables que están en riesgo de exclusión”. El delito de odio está pensado para proteger a minorías vulnerables o excluidas. Queda claro por qué no era aplicable en este caso. ¿Cómo pudieron confundirse?

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