El Derecho del Trabajo

En las últimas décadas se había avanzado espectacularmente en las reducciones de la desigualdad, en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo y en el acceso de las mujeres al empleo. Y todo ello con avances continuados en la productividad. De todo ello hemos sido testigos privilegiados los inspectores de trabajo. Sin embargo, como siempre es más fácil destruir que avanzar, al amparo de la crisis se han cambiado las reglas de juego. La reforma laboral de 2012 ha sido decisiva. El diálogo social ha dado paso a la imposición, la articulación de la negociación colectiva ha sido desplazada por el ataque a los convenios colectivos de mínimos, la negociación en el seno de la empresa sobre la base de la flexiseguridadse ha sustituido por la modificación unilateral de las condiciones de trabajo sin causa suficiente.

El objetivo, no declarado pero real, de la reforma, se ha conseguido plenamente: la devaluación interna ha sido de proporciones inéditas, permitiendo un trasvase forzado de rentas de los asalariados a los detentadores del capital. Hasta el extremo de que se ha ido la mano, de modo que el principal problema de nuestra economía productiva hoy son los bajos salarios. No sólo han empeorado las condiciones de vida de muchos trabajadores y ha avanzado la desigualdad: los bajos salarios son la verdadera causa de la puesta en cuestión del sistema de seguridad social.

El segundo efecto ha sido un grave aumento del fraude empresarial. Medidas como la modificación de la regulación del contrato a tiempo parcial han permitido la proliferación de trabajo y salario no declarados, al prolongarse frecuentemente las jornadas pactadas a voluntad del empresario sin posibilidad de control de la Inspección. La posibilidad de negociación de convenios colectivos de empresa sin respetar los mínimos de ámbito superior ha conducido en muchos sectores a la confección de convenios a la carta, siempre bajo mínimos e incluso con representación fraudulenta de los trabajadores.

La degradación de las condiciones de trabajo y del poder colectivo de los trabajadores se une a las facilidades para el fraude a causa de la desaparición de instrumentos de control, hasta el punto de que en muchos casos da la sensación de que el mayor éxito de la reforma es la generalización de la idea de que todo está permitido en la mayor impunidad. A medida que nuestro trabajo se dificulta, las facilidades para el fraude se multiplican.

Así se manifiesta la huida del Derecho del Trabajo: de un lado, la desregulación, de otro, los obstáculos para el control de cumplimiento de las normas. Ejemplo paradigmático es la proliferación consentida y alentada de los falsos autónomos. Es razonable que se fomente el desarrollo empresarial y que se ayude a quienes quieran emprender una actividad económica. Pero no confundir a cualquier trabajador autónomo con una manifestación de creación de empleo.

Mientras tanto, el poder público no parece darse por aludido, contemplando como crece una sociedad extractiva y no equitativa. El Derecho del Trabajo es sustituido por el derecho del empleo. El cambio de denominación del Ministerio del ramo no es inocente: el objeto del poder público es permitir que exista empleo a cualquier precio y en cualquier condición. La razón de ser del Ministerio de Trabajo ya no es la propuesta de las mejoras en las condiciones de trabajo y el control de cumplimiento de la legalidad laboral. Lo de menos es en qué condiciones se trabaja, con tal de que las estadísticas sean favorables y oculten que el aumento del empleo se debe a razones de coyuntura económica.

La culminación de ese camino hoy es el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, aprobado en Consejo de Ministros del 6 de abril, que debería ser una respuesta eficaz a la demanda de la dramática realidad socio laboral y no un compendio de competencias y obligaciones de la Inspección, enmascarando la huida del Derecho del Trabajo.

Cuando se entiende que el derecho de los trabajadores a prestar su trabajo en condiciones dignas y libres de abusos constituye un obstáculo, no estamos construyendo una sociedad libre y democrática. Retornar al papel moderador del Estado, reivindicar el aliento civilizador del Derecho del Trabajo, es imprescindible para defender el último bastión de la democracia al que se refería hace tiempo Javier Marías en un artículo dedicado a Europa, asaltada por los insolidarios y retrógrados de todo jaez.

Juan Ignacio Marín Arce y Fermín Yébenes Saelices representan a la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo.