Pensionistas

La protesta de los pensionistas en 40 localidades españolas es oportuna. Plantea la prueba del algodón sobre cómo debe efectuarse el reparto de los beneficios de la etapa de recuperación.

Sobre todo teniendo en cuenta que los perjuicios de la larga etapa recesiva se cebaron —aunque no solo— en los trabajadores empujados al desempleo, los jóvenes y los jubilados. Y que ahora la disonancia entre el rebote de las rentas empresariales y de los ejecutivos y el estancamiento —en el mejor de los casos— de las salariales (que siguen perdiendo peso en el pastel) y asociadas crece exponencialmente.

El poder adquisitivo de los jubilados cayó menos que el de otras categorías, pero a cambio tuvieron que asumir otras cargas familiares sobrevenidas: con frecuencia su pensión era la única entrada de dinero en muchos núcleos. Ahora, resucitada la inflación, si bien modesta (1,2% anual en 2017), la brecha entre sus ingresos (que aumentan un 0,25%) y sus gastos se amplía.

Además, la protesta de los pensionistas reactualiza el problema de la sostenibilidad a largo plazo del sistema: entran en él adscritos por mayor importe y salen vegetativamente los de menores pensiones. Y el desbalance de la hucha apenas se equilibra, dada la insuficiencia global de las cotizaciones sociales, cuya escasez es tributaria de los nuevos empleos precarios: peor pagados, y abusivamente temporales.

Si este país pretende superar las secuelas sociales de la pasada crisis —y por tanto, también el rescate político de muchos frente al populismo— debe realizar primero una reasignación redistributiva entre las crecientes rentas empresariales (y patrimoniales) y el resto de rentas sociales. La única vía practicable es la fiscal.

Y atajar enseguida los problemas e insuficiencias que se ciernen sobre las tres generaciones de perdedores en presencia: los mayores (pensionistas y parados adultos de larga duración), los de la generación intermedia (también afectados por el desempleo, y especialmente por el descenso relativo salarial, del 0,8% en 2016; y cuyo ligero aumento en 2017 ha estado en la cola de la UE) y el de los jóvenes a la caza de una primera ocupación.

Por desgracia, la parálisis política generalizada cierne también sus poderosas garras sobre estos tres sectores. En el ámbito de los jubilados, la reforma del Pacto de Toledo está parlamentariamente estancada. El Gobierno solo acierta a proponer medidas a veces positivas, pero aquejadas de electoralismo y/o insuficiencia, como la de un cómputo del periodo generador de pensión más favorable para los despedidos durante la Gran Recesión. Y la oposición oscila entre la pura retórica y la inanidad.

En la esfera de los trabajadores con empleo, los recientes acuerdos de los agentes sociales —patronal y sindicatos— circulan en la buena dirección, pero son insuficientes por sí mismos para levantar sustancialmente a un tiempo el consumo, las cotizaciones sociales y la recaudación fiscal.

Y en la de los jóvenes, el fiasco de la gestión del Gobierno del plan de garantía juvenil financiado por la UE es oceánico.

O se trabaja seria y simultáneamente en esa triple dirección o se corre el riesgo de que los distintos grupos generacionales acaben recelando entre sí y compitiendo por un plato —pequeño— de lentejas.