Pacto de Estado en pensiones

El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía española ha vuelto a recordar que el Gobierno y los agentes sociales tienen que acelerar el paso hacia una reforma del sistema de pensiones si se quiere mantener el poder adquisitivo de las prestaciones y mantener una cierta solidaridad entre generaciones (es decir, que no sean los pensionistas futuros los que paguen los costes de los desequilibrios actuales). El Fondo hace proposiciones concretas, por ejemplo, que la revalorización no se indexe a la inflación y se mantenga en el 0,25% si no hay otras reformas complementarias. Y expone algunas ideas, interesantes pero lógicamente inconcretas, como que la edad de jubilación se vincule a la esperanza de vida. La interpretación más correcta es que el FMI advierte sobre los costes de tomar decisiones complacientes, pero poco meditadas, sobre las prestaciones sociales.

Con el balance actual, la pensión de jubilación tiende a perder poder adquisitivo, en función de unos recursos decrecientes del sistema dañados por la precariedad laboral y el elevado desempleo y, a más largo plazo, por el aumento de la esperanza de vida, que alarga el periodo de prestación. Los diagnósticos están hechos. El desequilibrio financiero del sistema no se resuelve solo limitando la subida de la prestación a un 0,25%.

A corto plazo, de manera inmediata, hay que aumentar los ingresos del sistema, a través de dos vías conocidas: eliminación de las tarifas planas que supuestamente contribuyen a crear empleo (un coste para el sistema que no ha producido efectos en el mercado laboral) y una subida de la aportación de los salarios más altos (aunque la pensión final mantenga un tope fijo). A largo plazo, es necesario explorar la posibilidad de subir la edad de jubilación (quizá en función de la esperanza de vida, como sugiere el FMI). Pero debe hacerse de forma realista, porque la decisión de jubilarse no solo corresponde al trabajador. Es tiempo perdido demorarla legalmente cuando las empresas presionan para desprenderse de los trabajadores de más edad (y con mayores sueldos y derechos).

Hasta el momento, lo que se observa es despreocupación oficial, un síntoma de que aparentemente este Ejecutivo no va a proponer (y menos decidir) cambios que tengan costes políticos. De no superarse, la parálisis de hoy causará un grave deterioro de las pensiones de mañana.