Una fue mutiladora y la otra, víctima. Hoy luchan unidas, sin saberlo, contra la ablación

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Mariame y Fatmata no se conocen, y probablemente nunca se encontrarán. Y, sin embargo, en sus destinos tan opuestos hay algo que las une profundamente, y que ha determinado el curso de sus vidas: la mutilación genital femenina (MGF).

Mariame Sakho tiene 51 años y es una diputada senegalesa empeñada en lograr que su país suprima una sangrienta tradición que humilla a las mujeres y las condena al sufrimiento. Fatmata Bangura tiene 28 años y se vio obligada a abandonar su tierra, Sierra Leona, precisamente para librarse a sí misma y librar a su hija del corte ritual. Ambas pasaron por Milán, en Italia, pero sin encontrarse. Mariame acudió a una mezquita de la ciudad como activista de la ONG Ayuda en Acción para explicar a un grupo de mujeres, musulmanas como ella, que la MGF es perjudicial y que el Corán no la prescribe. Fatmata, en cambio, ha sido acogida en un centro para solicitantes de asilo de la Fundación Árbol de la Vida, a la espera de poder empezar de nuevo en Europa.

La elección de Mariame

Mariame Sakho fue elegida diputada en Senegal en julio de 2017 y es una figura destacada en su comunidad de Bakel, en la región oriental de Tambacounda. Hasta hace 19 años, sin embargo, practicó la ablación con sus propias manos a miles de niñas. “Empecé de pequeña, ayudando a mi abuela, que trabajaba de cortadora”, dice. “Las familias de nuestro grupo étnico, los peul, nos traían a las recién nacidas y yo ganaba 2.000 francos cefa (unos tres euros) por cada intervención. Normalmente, extirpamos el clítoris a niñas de uno o dos meses, una edad en la que la herida cicatriza mejor. Yo también sufrí la ablación; entonces era algo normal". Sakhlo prosigue su relato: "Cuando Senegal prohibió la MGF, en 1999, algunas cortadoras fuimos convocadas por un comité de políticos, religiosos y ONG que nos advirtieron que, si seguíamos haciéndolo, nos detendrían. De modo que renuncié y pedí perdón a Alá por todo el mal que había hecho en mi vida, aunque hasta entonces no fui consciente de ello. Pero rezar no era suficiente: quería luchar para detener la mutilación genital femenina, porque en Bakel muchas personas continúan practicándola ilegalmente”.

Las familias de nuestro grupo étnico, los peul, nos traían a las recién nacidas y yo ganaba 2.000 francos Cefa (unos 3 euros) por cada ablación

Mariame era muy respetada como cortadora y hoy mantiene ese crédito, pues es considerada una voz autorizada contra la mutilación genital femenina. Trabaja desde hace tiempo como comadrona en el centro de salud de Bakel, disuadiendo a las madres primerizas de que mutilen a sus recién nacidas. “Les explico que deben rechazar las supersticiones, que no es cierto que la MGF haga que las mujeres sean virtuosas, ni que lleve honra a la familia, y tampoco que la mujer no circuncidada sea impura y no pueda preparar la comida para la familia. Las madres deben saber que la MGF produce hemorragias, dolores durante el ciclo, incluso negación del placer sexual. No es justo que una mujer nunca conozca esta alegría y viva el sexo con su marido solo para procrear”.

Senegal se enorgullece de sus excelentes resultados en la lucha contra esta práctica, de la que se estima que ha sido practicada a unos 200 millones de mujeres en el mundo pese a que está prohibida en la mayoría de los países en los que se realiza. La ONU la ha reconocido como una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, pero se lleva a cabo en, al menos, 29 países de Asia, Oriente Medio, América Latina (Colombia) y África, continente donde existe una mayor prevalencia a pesar de que casi todos los Estados la han prohibido. La MGF no produce ningún beneficio para la salud, sino más bien al contrario: causa hemorragias graves, problemas a la hora del parto, complicaciones urinarias, infecciones y aumento del riesgo de muerte del recién nacido.

El porcentaje de mujeres que la han sufrido en Senegal ha caído al 25%, según Unicef, pero las disparidades territoriales siguen siendo enormes: desde el 1% registrado en la región occidental de Diourbel, hasta el 92% en Kédougou al sudeste, cerca de la frontera con Guinea, un país con un índice altísimo de MGF. Entre los peul, el grupo étnico de Mariame, se pasa del 2% de los residentes en Diourbel al 95% en Kédougou.

Ya en 1997, el presidente Abdou Diouf condenó públicamente la mutilación genital femenina, y el 31 de julio de ese mismo año, en la aldea occidental de Malicounda Bambara, las mujeres anunciaron que querían abandonar esta práctica. Desde entonces hasta 2011, se calcula que más de 5.000 comunidades del país han dicho basta a la ablación. La práctica es ilegal desde 1999, gracias a una ley que la castiga con hasta cinco años de cárcel.

Los esfuerzos del Gobierno son continuos, junto a los de los organismos de la ONU, Unicef y UNFPA, pero a pesar de todo, algunas comunidades siguen ancladas a esta tradición. Es simbólico un episodio de 2009, cuando una cortadora fue juzgada por haber practicado una clitoridectomía a una niña de 16 meses. Algunas comunidades y 200 morabitos (predicadores islámicos locales) protestaron, defendiendo a la mujer y la utilidad de la MGF. Según Mariame Sakho, a pesar de los indiscutibles progresos de Senegal, “muchos padres, sobre todo, siguen convencidos de que esta intervención es necesaria para preservar el honor de sus hijas. Todavía nos queda mucho trabajo de sensibilización”.

El viaje de Fatmata

La Sierra Leona de Fatmata Banguri es una realidad muy distinta. Allí, la ablación del clítoris y de los labios menores es una pieza fundamental de la iniciación a una sociedad secreta solo para mujeres, llamada Bondo, muy influyente en las zonas rurales. Las jóvenes son llevadas a la selva e instruidas sobre la higiene, la educación sexual, la casa y los hijos, y durante esta formación, la MGF es el acto que las convierte en mujeres adultas. Entre vestidos rojos, faldas de paja, caras pintadas de blanco y máscaras rituales, Bondo es el único lugar al que las mujeres del campo pueden viajar sin el permiso de los hombres: las adeptas gozan de gran libertad y, por lo tanto, acaban por percibir la mutilación como un sello de la emancipación de la mujer.

“Yo no sabía nada de esto”, confía Fatmata, mientras su hija Kadiatu, de cuatro años, juega en el salón del centro milanés de solicitantes de asilo. “Soy cristiana, mi familia es ajena a esa secta”. Sin embargo, la madre de Ahmidou, su marido, es sowe, el título de las sumas sacerdotisas Bondo, y su padre gran sacerdote de la sociedad secreta masculina Poro.

Fatmata y Ahmidou vivían en la ciudad de Waterloo hasta que, con el estallido del ébola en 2014, se refugiaron en la aldea de la familia de él, que les dio un terreno para cultivar. Luego emigraron a la capital, Freetown, donde Ahmidou encontró trabajo como conductor, pero a menudo regresaban al campo para cosechar. “Un día mi marido fue convocado a una reunión de familia”, explica Fatmata, “y mi suegra le dijo: ‘Ha llegado el momento de iniciar a tu esposa y a tu hija en la sociedad Bondo, con el ritual de la mutilación genital”. Nos negamos los dos: para mí la ablación es algo horrible, y mi marido todavía recuerda a su hermana, que murió a los 10 años durante la ceremonia del corte”.

Parecía que su suegra se había convencido, “pero un día de abril de 2017 al volver a casa del campo, la pequeña Kadiatu, que normalmente se quedaba con sus abuelos, no estaba. La habían secuestrado y llevado a la selva para circuncidarla. Luego nos enteramos de que la tradición Bondo obliga a reemplazar a un miembro fallecido con otro, y precisamente mi suegra era la encargada de ofrecer a mi hija en sacrificio para reemplazar a una persona muerta. En ese momento grité, estaba fuera de mí. Atravesamos toda la selva hasta encontrar el lugar oculto de la ceremonia. Había docenas de mujeres: una estaba junto a mi hija con un cuchillo en la mano”.

Se desató una pelea entre la pareja y las iniciadas, y Ahmidou golpeó a una mujer con un bastón. “Huimos al otro lado de la frontera, a Guinea y luego a Mali”, continúa Fatmata, “porque entretanto la mujer había muerto y la venganza de Bondo contra nosotros habría sido tremenda”. Cruzaron el desierto argelino, llegaron a Libia y pagaron a los traficantes para que los llevaran a Italia en una barcaza, convencidos de que solo en otro continente estarían a salvo. Su solicitud de asilo, aún pendiente, se sustenta en el peligro que corre su vida si regresan a Sierra Leona, y en el riesgo de que su hija sea sometida a la mutilación genital. Mientras tanto, Ahmidou se enteró de que su madre había sido asesinada por las mujeres de Bondo por ser incapaz de apoderarse de su nieta.

295 mujeres de Yoni, al norte, anunciaron que Bondo estaba dispuesta a renunciar a la mutilación para “ver a las niñas ir a la escuela y conquistar un papel en la sociedad”

En Sierra Leona, la MGF ha resultado hasta ahora muy difícil de erradicar. Unicef cree que su difusión llega al 90% entre la población femenina, hasta un 88% más que en 2014. Excepto los krio, de religión cristiana, todos los grupos étnicos la practican. La ablación es legal, aunque el Gobierno la prohibió temporalmente durante el brote de Ébola de 2014 y 2015, ya que la enfermedad se transmite a través de los fluidos corporales. Además, la nueva ley sobre los derechos de la infancia prohíbe que se practique a las menores de 18 años. “Pero el problema es que son las propias mujeres las que lo quieren”, explicaba Ann Marie Caulker, una conocida activista de Sierra Leona, “y también los políticos. Incluso los médicos la practican; es una costumbre muy arraigada en nuestro país”.

En mayo de 2017 empezaron a soplar vientos de cambio, cuando cientos de sacerdotisas Bondo, en Waterloo, se comprometieron con el Gobierno a detener la ablación de las menores. Y en octubre, 295 mujeres de Yoni, al norte, anunciaron que Bondo estaba dispuesta a renunciar a la mutilación para “ver a las niñas ir a la escuela y conquistar un papel en la sociedad”.

Los líderes políticos, mientras tanto, mantienen una posición ambigua: “No podemos despertarnos una mañana y decir que a partir de ahora la MGF está prohibida”, declaraba el ministro de Bienestar Social, Charles Vandi. “La gente iría a practicarla al otro lado de la frontera, a Liberia o a Guinea. Es mejor actuar sobre la educación, para que las niñas vayan a la escuela y no sean iniciadas”. Según el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Osman Fornah, el Gobierno está jugando a un doble juego. “La práctica persiste porque los políticos la han fomentado para conseguir votos”, declaraba en diciembre durante una conferencia. Fatmata Bangura logró ahorrarle todo esto a su hija, aun a costa de huir de su casa, que quién sabe si volverá a ver.

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