Impedir la investidura

Tras proponer Roger Torrent, presidente del Parlament, a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, el Gobierno ha manifestado su voluntad de impugnar esa candidatura ante el Tribunal Constitucional. Y el Consejo de Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, ha dictaminado, en una opinión que no es vinculante, que no existe base suficiente para dicha impugnación.

Para el Gobierno, cuya misión es proteger el interés general, impedir la investidura de Carles Puigdemont no solo es un objetivo políticamente deseable y jurídicamente legítimo sino una obligación inexcusable de la que en modo alguno puede abdicar. Para lograr ese objetivo, el Gobierno tiene ante sí una amplia panoplia de instrumentos políticos y legales. Esas actuaciones, como es natural en una democracia y en un Estado de derecho, están sometidas tanto a revisión política como judicial.

El expresident, huido de la justicia, no solo está encausado por gravísimos delitos. Su negativa a respetar la ley, su reiterada desobediencia al Constitucional y su rechazo a disolver el Parlament son las únicas responsables de la aplicación del artículo 155 y las elecciones del 21-D.

Hay que lamentar que ni el president del Parlament ni los grupos parlamentarios que promueven la candidatura de Puigdemont sean conscientes del daño al autogobierno y a la convivencia que supondría la investidura de Puigdemont. Su persistencia a la hora de desafiar al Estado demuestra su incapacidad de escuchar las demandas de una sociedad fracturada y agotada.

El Gobierno, en nombre de la democracia y la Constitución, y en representación de la ciudadanía, tiene que agotar todas las vías políticas y legales a su alcance para evitar una investidura que abocaría a las instituciones del autogobierno a un nuevo conflicto con el Estado. Así funciona el Estado de derecho: tanto el Consejo de Estado como el Tribunal Constitucional como el Gobierno deben cumplir su papel.