Agresión de Maduro

La injustificable expulsión y declaración como persona non grata del embajador de España en Caracas, Jesús Silva Fernández, merece una contundente respuesta del Gobierno de Mariano Rajoy más allá de la expulsión recíproca y proporcional del representante del Gobierno chavista en Madrid, que puede aprobarse hoy según anunció el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis.

El nivel de agresión permanente que Nicolás Maduro y sus colaboradores mantienen contra intereses y representantes españoles no ha obtenido más que una prudente y tibia respuesta del presidente del Gobierno. Pero aunque esta actitud pueda parecer loable cuando se trata de los soeces insultos personales que ha recibido de Maduro, resulta inapropiada y contraproducente cuando se trata de defender los intereses del Estado y a sus representantes.

La expulsión del embajador muestra el alcance y la efectividad de las sanciones que la Unión Europea adoptó por unanimidad hace unos días contra siete funcionarios del régimen chavista. Uno de ellos, Diosdado Cabello, hombre de confianza de Nicolás Maduro, no dudó entonces de calificar al Ejecutivo español como “Gobierno arrastrado al imperialismo”. Diosdado y sus compañeros sancionados están acusados por la UE de graves violaciones de los derechos humanos perpetradas durante la represión de la oposición democrática.

Como viene siendo habitual, el insulto quedó sin respuesta. Y peor aún, todavía ayer, con el diplomático español expulsado, el ministro Dastis entraba al trapo del absurdo razonamiento de Maduro y su equipo y negaba desde Davos que España esté liderando las sanciones contra Venezuela en la UE por “injerencias” de EE UU.

Es una equivocación. España —aunque el embajador Silva no hubiera sido expulsado— está obligada a encabezar los esfuerzos internacionales para que la democracia regrese a Venezuela y debe hacerlo utilizando todas las medidas legítimas que ampara el derecho internacional. Desde la facilitación de la mediación y el diálogo hasta el auxilio y refugio a las víctimas de la represión del régimen, pasando por las sanciones legítimas contra quienes violan los derechos humanos. El compromiso con la libertad y la democracia no debe quedarse solo en las declaraciones políticas más o menos grandilocuentes: estas tienen que ir acompañadas de acciones que respondan de manera valiente e inteligente a las posibles represalias como acaba de suceder.

Maduro y sus colaboradores están decididos a acabar con cualquier vestigio de oposición democrática en Venezuela. Y está claro que necesitan una maniobra de distracción después del aldabonazo de unas elecciones presidenciales convocadas a toda prisa y sin ninguna garantía. Una grave crisis diplomática con España es, desde su punto de vista, una buena estrategia.

Es necesario demostrar a Maduro que está equivocado y que las agresiones a España no harán sino multiplicar los esfuerzos desde este lado del Atlántico para que los venezolanos vuelvan a vivir en libertad y democracia. Esta apelación es extensible al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien, por muy loable que fuesen sus intenciones iniciales, solo está contribuyendo ahora a ofrecerle una coartada al régimen para continuar la represión.