“Para cumplir las metas de desarrollo, hay que mirar con lupa el gasto militar”

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La corrupción es un lastre para la Agenda 2030. A todos los niveles y en todas las áreas. Katherine Dixon, directora del Programa de Seguridad y Defensa de la organización Transparencia Internacional, con sede en Reino Unido, se encarga de erradicarla en un sector en el que confluyen dos factores de riesgo, tal y como ella indica: “secretismo y contratos millonarios”. Afirma que, si queremos avanzar en otros ámbitos como la educación o el desarrollo sostenible, hay que mirar con lupa el gasto militar. Trabajar con los Estados para que hagan sus cuentas más transparentes y reducir la corrupción en los Ministerios de Defensa y Seguridad, en las Fuerzas Armadas y en las empresas armamentísticas. La experta aboga por controles de exportación más estrictos y por un desglose del gasto al que puedan acceder los ciudadanos y parlamentarios.

“En un sector tan opaco como el de la defensa es tremendamente fácil ocultar grandes sumas de dinero, hay una parte de los contratos públicos que no se sabe dónde va a parar”. Este dinero no siempre va destinado a mejorar la seguridad de los ciudadanos. La corrupción en el sector de la defensa supone un 40% de las transacciones mundiales, según ha documentado su organización. El total suma, como mínimo, pérdidas de 20.000 millones de dólares al año. Esto, recuerda Dixon, además de agravar las violaciones de derechos humanos, tiene un impacto directo en los índices de pobreza.

“La corrupción en defensa, los gastos injustificados, las comisiones y los sobornos devoran los presupuestos de otras partidas y son uno de los principales obstáculos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, asegura. La factura la pagamos todos, aunque es especialmente cara para los habitantes de países en vías de desarrollo, ya que quita espacio a otros ámbitos de vital importancia. “Desde Transparencia Internacional nos centramos sobre todo en el Objetivo 16 —Paz, justicia e instituciones sólidas—, aunque estas fugas de dinero tienen un impacto directo en todos y cada uno de ellos”. El gasto de las arcas del Estado que debería ir destinado por ejemplo a cumplir el Objetivo 3 —salud y bienestar— o el Objetivo 9 —industria, innovación o infraestructura—, se ve mermado.

“Un ejemplo claro es Sudán del Sur”, revela. Según un informe de Naciones Unidas, alrededor del 35% del Producto Interior Bruto se gasta en defensa, a pesar de que en el país hay declarada una hambruna. “El problema es que el gasto tampoco sirve para proteger a la población”. Para Dixon esto desemboca en una situación absurda. “No tiene sentido vender armas a países y cubrir las necesidades básicas de la población a través de la ayuda”.

Entre 1987 y 2015, los países en desarrollo aumentaron sus gastos militares en un promedio del 240%

Y desde su organización, alertan, el gasto militar mundial aumenta, pero no lo hace de la mano de los estándares de transparencia. Según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, entre 1987 y 2015 los países en desarrollo aumentaron sus gastos militares en un promedio del 240%. También lo han hecho las principales potencias. Estados Unidos, por ejemplo. Tras años de recortes, con la llegada de Trump a la Casa Blanca, ya se anunció un incremento del 9,27% para el presupuesto militar de 2018. China ha ampliado oficialmente el gasto en un 7% en 2017. Estos son datos aproximados, ya que no se puede calcular con precisión debido al alto nivel de secretismo. “La seguridad nacional es una de las excusas que se atribuyen los Estados para no revelar sus gastos en defensa”. Una barrera difícil de traspasar. Además, añade, no siempre es fácil cambiar el modus operandi: “Por lo general son sectores muy orgullosos, existe un factor emocional”.

Dixon cuenta con amplia experiencia en temas de control de armamento y antiproliferación nuclear. Ha ocupado gran parte de su carrera en el Ministerio de exteriores de Reino Unido, destinada en Shanghái y, entre otros puestos, como analista política para Afganistán. Es consciente de que el abuso de poder va ligado también a inestabilidad. “La corrupción es una amenaza para la seguridad de los Estados”, asegura. Y añade que no solo crea inestabilidad interna, también regional y global. Menciona crisis recientes en las que la corrupción ha encendido la mecha del conflicto. Desde la Primavera Árabe, hasta Ucrania, donde actualmente trabajan sobre el terreno para supervisar e implementar la reforma en materia de seguridad y defensa.

Por si esto fuera poco, sostiene, el despilfarro allana el camino hacia el extremismo. "La desconfianza por parte de la población en sus fuerzas de seguridad, en sus Ejércitos, es un arma muy poderosa a la hora de reclutar a jóvenes por parte de grupos terroristas”. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado recientemente alerta de que esta desconfianza en el Ejército y, especialmente la policía, es un factor clave que beneficia a grupos como Daesh o Boko Haram. “La corrupción se utiliza como arma de propaganda religiosa”, explica Dixon. Cuando se malgastan los recursos tampoco los ejércitos cuentan con los instrumentos y la formación necesaria para hacer frente a este tipo de amenazas.

Por todo ello, está convencida de que dentro del mismo sector de la cooperación se debería prestar más atención a esta realidad. “Existe esa idea de que la defensa no va con nosotros, que no es nuestra función; puede incluso causar recelo que una organización no gubernamental invierta dinero en mejorar este ámbito”, señala. Su razonamiento, lejos de ser escandaloso, parece más bien lógica aplastante. “Se necesita una legislación que no ponga fácil introducir armas letales en entornos corruptos. Está demostrado que esa es la receta para el desastre”.

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