Rajoy, en cuestión

 Las investigaciones de las tramas de corrupción que afectan al PP empiezan a encontrar terrenos más sólidos para los jueces y más cenagosos para el presidente, Mariano Rajoy. Tras la reciente incautación de 5,4 millones de dólares en metálico en Colombia de supuestas comisiones a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, el foco se coloca ahora sobre otro expresidente popular, el de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps. Sin olvidar a Jaume Matas (Baleares), a Pedro Antonio Sánchez (Murcia) y decenas de personas vinculadas al PP implicadas en los casos Bárcenas, Gürtel, Púnica, Lezo y otros.

La corrupción en los Gobiernos, Ayuntamientos y sedes del PP se había convertido en los últimos años en un rosario de casos que Rajoy iba sorteando con evasivas, con esperas, con supuestas reformas de regeneración y promesas de limpieza, pero lo cierto es que el salto que están dando las investigaciones una vez que ha llegado el tiempo judicial —por necesidad más lento que el de la presión ciudadana— apunta a un cerco que también rodea políticamente al presidente.

El jefe de Gobierno ha sido desde 2004 presidente de un Partido Popular bien dopado para las campañas electorales. Los escándalos engloban desde la destrucción del ordenador de Bárcenas en el que se guardaba la supuesta contabilidad B del partido hasta la financiación ilegal en Valencia o el reparto de prebendas en distintos lugares. Las conversaciones que forman parte de las escuchas judiciales son obscenas. La coincidencia con un acontecimiento de gravedad excepcional como el desafío separatista catalán, la crisis en que se ha sumido la oposición de izquierda y el propio hartazgo motivado por el efecto repetición han permitido a Rajoy sobrevivir al tsunami que devoraba a personas tan próximas a él como Camps y el propio Bárcenas. Pero no está escrito cuánto tiempo más podrá permanecer incólume. El Consejo de Europa le recordó en fecha reciente al Gobierno que ha incumplido sus compromisos de prevención de la corrupción. La sentencia del caso Palau, además, ha terminado de enviar a la trastienda política a Artur Mas, quien tenía responsabilidades en Convèrgencia y en la Generalitat en los tiempos de la financiación ilegal, a pesar de que él esté limpio de cargos judiciales. Una intensa señal en el camino, consecuencia de que vigilar la limpieza de un partido y de las administraciones que gobierna es también responsabilidad de sus dirigentes.

La rutina de la corrupción que están exhibiendo los juicios coincide además con la percepción de agotamiento del liderazgo de Rajoy que se empieza a vislumbrar en su partido. La enorme pérdida de votos en Cataluña y el ascenso de Ciudadanos como el partido que ha capitalizado el hartazgo del procès han sembrado la preocupación en el PP. El partido parece paralizado en la gestión y deja pasar el tiempo sin cumplir compromisos como una propuesta de financiación autonómica o una ley educativa, sin afrontar retos como la sequía o sin desarrollar políticas sociales y de crecimiento una vez abandonada la crisis. Los presidentes autonómicos se incomodan. Y el habitual recurso de Rajoy a la inacción hasta que desaparezcan los problemas puede, en suma, no ser suficiente esta vez.