Los tendidos españoles electrocutan a más de 33.000 rapaces cada año

Los peligrosos postes que mantienen las principales empresas eléctricas en los campos españoles provocan la muerte por electrocución de al menos 33.000 rapaces al año, según un informe oficial que alerta de que esta es la principal causa de mortalidad en varias especies en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica, el águila perdicera y la avutarda hubara canaria.

El trabajo —firmado por los ingenieros de montes María Ángeles Soria, del Ministerio de Medio Ambiente, y Francisco Guil, de la empresa pública Tragsatec— estima un impacto económico por pérdida de biodiversidad de 141 millones de euros cada año, si se calcula con la metodología MORA del propio Ministerio. Según esta herramienta, un águila imperial ibérica vale 140.000 euros; un buitre negro, 93.000; un alimoche, 46.000; y un búho real, 9.300. “Los enormes impactos económicos generados justifican sobradamente la puesta en marcha de programas de corrección de tendidos eléctricos”, sentencian los autores. Es la primera vez que el Ministerio pone cifras a esta matanza de aves.

El fiscal coordinador de Medio Ambiente advierte de que no tiene "ninguna intención" de permitir la actual situación

“Yo todavía no sé por qué los españoles tenemos que financiar el arreglo de los tendidos eléctricos peligrosos. Las compañías eléctricas no quieren matar águilas imperiales, pero lo hacen con su negocio. Sus beneficios deberían servir para reducir los daños de su actividad", opina el biólogo Miguel Ferrer, exdirector de la Estación Biológica de Doñana (CSIC). Las tres principales eléctricas —Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa— culpan a las administraciones públicas por el retraso en la financiación de las reformas y aseguran que prestan especial atención a los casos de aves electrocutadas.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2008 un Real Decreto que establecía medidas para la protección de las aves frente a la electrocución. La normativa estatal asumía los gastos y daba un año de plazo para que las comunidades autónomas publicaran un inventario de sus tendidos más peligrosos y un listado de sus zonas de protección: parajes de especial valor en los que sería imperativo aplicar medidas en los postes existentes para evitar la matanza de aves. Sin embargo, el incumplimiento de las administraciones públicas ha sido generalizado durante años.

El estudio de Soria y Guil solo tiene en cuenta las 11 comunidades autónomas que aportaron, antes de octubre de 2014, información sobre los postes que no cumplen las características técnicas exigidas por el Real Decreto de 2008. Son 240.000 apoyos en líneas eléctricas aéreas de alta tensión con un diseño peligroso, con cables desnudos que entran en contacto con las alas de aves de gran envergadura, como las rapaces. En ocasiones, los animales caen al suelo en llamas. Soria y Guil han registrado 30 incendios forestales por esta causa en España entre 2005 y 2012. Un águila culebrera electrocutada, según detalla Guil, provocó un fuego que arrasó 204 hectáreas en 2011 en Cumbres de San Bartolomé (Huelva).

“No tenemos ninguna intención de dejar que esto siga así”, advierte Antonio Vercher, fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo. Vercher ha dado instrucciones a todos los estamentos implicados, incluidas las empresas eléctricas, para obtener “información fidedigna” de todos los puntos negros. “Empezaremos a exigir responsabilidades tras esta fase de esclarecimiento”, afirma.

El Libro Rojo de las Aves de España refleja que la electrocución es una de las principales amenazas para 24 especies diferentes. Más del 50% de las muertes de águila imperial ibérica se deben a la interacción con tendidos eléctricos, según recalca el estudio de Soria y Guil. Solo en Castilla-La Mancha, los postes peligrosos han matado a 120 ejemplares entre 1988 y 2013. Y apenas quedan 500 parejas en toda la península ibérica.

Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa aseguran que prestan especial atención a los casos de aves electrocutadas

El informe utiliza datos de seguimiento de la mortalidad por electrocución en diferentes tendidos eléctricos del país y extrapola sus resultados. Los autores reconocen que han sido conservadores, por ejemplo al estimar la tasa de desaparición de cadáveres por la acción de carroñeros, como los zorros. Las rapaces que aparecen muertas a los pies de los postes son solo una porción de las que realmente han fallecido. Es necesario adivinar las que faltan. “Hay expertos que calculan tasas cuatro veces superiores a las nuestras”, admite Guil. Su trabajo emplea una tasa de desaparición mensual del 9,4% de los cadáveres. “Con otra tasa de desaparición más o menos extendida, de un 15%, la estimación subiría a 77.906 rapaces” electrocutadas cada año, advierte el ingeniero de montes.

Guil pone el foco además en un problema oculto: el de los tendidos eléctricos privados en grandes fincas de terratenientes, en regiones como Castilla-La Mancha y Andalucía. "Como estos tendidos de particulares son desconocidos hasta para las administraciones responsables —las consejerías de Industria de las comunidades autónomas—, la información no llega a las administraciones ambientales y no aparecen en los listados de líneas peligrosas", señala. Su estudio apenas maneja datos de estos postes privados, que constituyen aproximadamente el 5% del sistema eléctrico, según sus cálculos.

El biólogo Miguel Ferrer comenzó en 1982 a alertar de las muertes por electrocución de aves en peligro de extinción. Entre 1993 y 2004, adaptando los postes más mortíferos de Andalucía en colaboración con la actual Endesa, se logró reducir un 82% la mortalidad del águila imperial ibérica, según recuerda el investigador. La especie salió de la tumba, con una inversión que el biólogo calcula en apenas 3,5 millones de euros. "Al principio, las compañías eléctricas se pusieron las pilas, por motivos de imagen y para evitar posibles problemas legales, pero el Real Decreto de 2008 fue paralizante, al establecer que la adaptación de los postes más peligrosos se pagaría con dinero público", lamenta Ferrer.

El Ministerio de Medio Ambiente calcula un impacto económico por pérdida de biodiversidad de 141 millones de euros cada año

Los portavoces de Endesa e Iberdrola subrayan que aquel Real Decreto de 2008 instaba al Gobierno a habilitar “los mecanismos y presupuestos necesarios para acometer la financiación total” de las adaptaciones de los postes peligrosos, en un plazo de menos de cinco años. Sin embargo, ese otro Real Decreto de financiación no se aprobó hasta el 17 de marzo de 2017. “La protección de la avifauna requiere inversiones potentes, que hasta ahora no han sido retribuidas”, defienden las fuentes de Endesa. "En 2017 nos han abierto solo dos o tres expedientes [por presuntas infracciones de la normativa] en Andalucía, por importes irrisorios. Cualquier expediente que llega [por un poste peligroso], se arregla", añaden las mismas fuentes.

Una portavoz de Gas Natural Fenosa afirma que en 2017 solo han registrado 39 aves electrocutadas en sus tendidos, presentes en Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León. "Hasta la fecha, Unión Fenosa Distribución no ha recibido sanción alguna por mortandad de avifauna", añaden las mismas fuentes. La compañía mantiene un mapa con sus actuaciones para evitar electrocuciones y "colabora activamente en la Red de Seguimiento de Avifauna, apoyada por la Fiscalía General del Estado", según la portavoz.

En ocasiones, los animales caen al suelo en llamas. Se han registrado 30 incendios forestales por esta causa en España entre 2005 y 2012

"Hasta la fecha no ha salido la convocatoria de ayudas [del Estado para adaptar los postes obsoletos]", subraya el portavoz de Iberdrola. En 2016, sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha sancionó a Iberdrola con 700.000 euros tras detectar la electrocución de dos águilas imperiales y otras rapaces en postes de diseño peligroso situados en zonas de protección en Albacete. Iberdrola culpó entonces a la Administración pública, por no haber financiado el arreglo de esos tendidos.

La Consejería, no obstante, consideró la infracción “muy grave” y estableció que “no procede atribuir a la Administración la responsabilidad por la ausencia de financiación”, ya que Iberdrola ni siquiera había presentado el proyecto de reparación de sus postes obsoletos, como exige la normativa. La eléctrica ha recurrido la sanción ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. El portavoz de Iberdrola asegura que "solo en los últimos tres años Iberdrola ha invertido más de 30 millones de euros en renovación de líneas con adecuación de apoyos".

Las multas de 2016 sirvieron de acicate. En julio de 2017, el Gobierno castellanomanchego e Iberdrola anunciaron un acuerdo para la sustitución de postes problemáticos. En los próximos tres años, la eléctrica calcula que sustituirá 2.500 apoyos, principalmente en Albacete y Toledo, con una inversión de unos 500.000 euros al año. La Administración pública solo "se encargará de comunicar a la empresa los apoyos a arreglar".