Las mejores sentencias para la igualdad

En esa misma dirección apunta Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno para la violencia de género: “Somos el único país que tiene juzgados específicos para la violencia de género, el pionero. Y la Ley de Igualdad es un referente en el resto del mundo, un modelo que han imitado prácticamente todos los países que han legislado. España está muy por delante de otros Estados en políticas y medidas legales”. Una opinión que comparten todas las fuentes consultadas para elaborar este artículo, pero a la que siempre añaden una coletilla para no caer en la complacencia: todavía queda mucho por mejorar.

La armazón jurídica existe. Aunque no siempre se utilizan las mismas normas para dictar sentencia. Por eso hay fallos progresistas y fallos retrógrados. Paradójicamente, conviven. En violencia machista -“a la fuerza” según la fiscal Teresa Peramato- las mejoras son mayores que en el ámbito social, al contrario de lo que sucede en los países nórdicos, que son un ejemplo en políticas igualitarias. Medio centenar de mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2017 por sus parejas o exparejas.

Poyatos y Elena Ocejo, presidenta de la asociación Abogadas para la Igualdad, han tenido mucho que ver con las mejoras jurisprudenciales tendentes a erradicar la discriminación, con dos de las decisiones judiciales por las que Estefanny Molina, abogada de Women's Link Worldwide, asegura que “en 2017 es destacable el avance en los derechos de las mujeres y las niñas que ha habido”. La organización sin ánimo de lucro que representa ha destacado esos dos fallos sobre los demás y los ha premiado con los galardones anuales con los que quiere dar visibilidad a las mejores y peores prácticas judiciales en el ámbito de la equidad.

Una es la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, del pasado mes de enero, en la que se utiliza por primera vez la agravante de género, que consiste en probar la existencia de discriminación de la mujer para elevar la condena del asesino machista, como hizo en este caso pionero la acusación popular, ejercida por Abogadas para la Igualdad. La agravante de género está incorporada en el Código Penal desde 2015, sin embargo, no se había estrenado hasta la fecha en un delito de homicidio. Por eso es un hito. De hecho, desde enero ya ha sido aplicada en distintos fallos por al menos las audiencias provinciales de Tenerife, Valencia, La Coruña, Segovia y Cuenca.

El otro fallo rompedor es del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de marzo, con él se “sienta un precedente importantísimo, al definir técnicamente cómo se aplica la perspectiva de género a la hora de juzgar, marcando un camino para incorporarlo a cualquier otro proceso”, según Estefanny Molina. “[…] En todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos por razón de género, deberá aplicarse en la impartición de justicia una metodología de análisis integradora de la perspectiva de género. La violencia de género física y/o psicológica, deriva directamente de las referidas asimetrías endémicas y estructurales”, reza la sentencia. Gloria Poyatos, su ponente, considera que esta forma de juzgar, que se basa en buscar justicia contextualizada y equitativa, es la que marca la diferencia entre la igualdad legal y la igualdad real. “La perspectiva de género impone una interpretación de las normas, asumiendo la obligación de remover los obstáculos que dificultan o impiden la igualdad sustancial entre mujeres y hombres”, considera.

Poyatos preside la Asociación Española de Mujeres Juezas, desde donde “promovemos la impartición de justicia con perspectiva de género, como mandan los artículos 1, 9, 10, 14 y 96 de la Constitución y el artículo 4 de la Ley de Igualdad. Pretendemos remover los obstáculos de un ordenamiento jurídico que tiene género masculino”, insiste. “Los fallos de este grupo de mujeres juristas que empiezan a levantar la voz y tienen poder e ideología están produciendo un revulsivo en una institución muy conservadora como es la judicial”, considera Elena Ocejo, para quien no hay vuelta atrás en la aplicación de la perspectiva de género en los juzgados.

La presidenta de Abogadas para la Igualdad añade a los progresos de 2017 en los derechos de las mujeres la unificación de doctrina dictada por el Tribunal Supremo, el pasado septiembre, por la que se refuerza la potestad de los tribunales para hacer interpretaciones amplias de la normativa con el propósito de proteger los intereses de la parte más débil: la víctima de violencia machista.

Teresa Peramato, fiscal adscrita a la Fiscalía de la Sala de Violencia sobre la Mujer, cita otro avance, en esta ocasión regulatorio, que ha visto la luz en 2017: el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. “Ha sido un paso adelante muy positivo, aunque de nada sirve si se paraliza, como está ocurriendo. Hay que ponerlo en marcha para poder asistir a las víctimas antes de la denuncia, durante el procedimiento y después del mismo, independientemente de si denuncian o no”, asegura.

“Hace falta un pacto de Estado contra el machismo no contra la violencia de género. Hemos confiado las soluciones a la justicia, que no es donde están las mujeres víctimas, que se encuentran en los servicios sociales o sistemas de salud, a los que no se están destinando todos los recursos necesarios. Los tres campos deberían estar comunicados en un solo recipiente para romper con la idea de que este problema se resuelve solo por la vía judicial”, opina Miguel Lorente apelando a un dato: solo algo más del 20% de los casos se denuncian.

Pero lo que verdaderamente se necesita para eliminar la lacra de la violencia y que la igualdad de género deje de ser cosa de mujeres y se convierta en un reto para todos, coinciden todos los expertos consultados, es mucho esfuerzo en educación. “En la educación está la vacuna contra la violencia de género”, suele decir Gloria Poyatos.

Progresos judiciales para las víctimas

Teresa Peramato, fiscal adscrita a la Fiscalía de la Sala de Violencia sobre la Mujer, selecciona una serie de avances de calado que se han ido produciendo en las salas de justicia en los últimos años, como la aprobación de la Ley integral contra la violencia de género o las reformas de normas como el Código Penal y la Ley de protección al menor. “Hemos progresado muchísimo y la labor judicial es fundamental en este avance”, asegura.

La fiscal empieza por los hijos e hijas de las víctimas, ahora reconocidos también como víctimas: “Es fundamental protegerlos y para ello hay que oírles antes de tomar cualquier decisión que les afecte de cara a proporcionarles un entorno libre de maltrato”. Medidas más que destacables, en su opinión, a las que se suma la pena de privación de la patria potestad o del régimen de visitas del maltratador en delitos graves.

En cuanto a las mujeres, un gran progreso ha sido la introducción de los delitos de matrimonio forzado y el de acoso y hostigamiento, y la admisión de la denominada alevosía convivencial o doméstica, la que se deriva de la relajación de los recursos defensivos de la víctima como consecuencia de la imprevisibilidad de los ataques de su pareja o expareja.

2017 ha sido un año de pasos importantes en los juzgados contra la discriminación de la mujer, según Elena Ocejo, aunque lo verdaderamente significativo es, desde su punto de vista, que las mujeres empiezan a denunciar hechos que hasta ahora no denunciaban. “La oleada ha comenzado en Estados Unidos, pero empieza a llegar a Europa y a España. Ya no estamos dispuestas a tolerar abusos. Los vamos a denunciar”.