Ciudades para mujeres

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¿Son las ciudades justas para las mujeres? La estadística nos dice que no. Es obvio que las desigualdades de género en los asentamientos informales, que agrupan actualmente a más de mil millones de personas según ONU Hábitat, discrimina el desarrollo de mujeres y niñas. Varios estudios demuestran que la carencia a derechos básicos, la falta de educación y el acceso a agua o energía, perjudica más a las mujeres que a los hombres.

Pero la discriminación no solo se encuentra en asentamientos urbanos. Con frecuencia, los hogares encabezados por mujeres en zonas urbanas se siguen enfrentando a enormes desafíos relacionados con la seguridad, la movilidad, el derecho a la propiedad o el acceso a oportunidades económicas. Por ejemplo, las malas decisiones en el diseño urbano, como el alumbrado público deficiente, acentúa de violencia hacia las mujeres en espacios públicos.

Por otro lado, a pesar de que es cierto que las mujeres tienen más oportunidades de empleo remunerado en las ciudades; siguen ganando menos que los hombres en prácticamente todas las ciudades del mundo. También sufren mayores desafíos para acceder al crédito y a sistemas de financiación, tienen más dificultades integrándose en puestos directivos o cargos públicos; y tienen un porcentaje de propiedad de tierra y acceso a la vivienda alarmantemente bajo.

En este contexto, diseñar ciudades para mujeres implica transformar necesariamente los patrones de interacción social, los valores, las costumbres y las instituciones que rigen dichas costumbres. Ello no solamente pasa por la necesidad de diseñar políticas sensibles a las cuestiones de género, que incluya la planificación y los enfoques para la prevención de la violencia contra la mujer, por ejemplo.

Requiere también diseñar ciudades con un uso del espacio público habilitado para transformar las políticas de movilidad con enfoque de género así como facilitar la participación activa de mujeres en la toma de decisiones y el desarrollo de políticas urbanas. Sin estos procesos participativos a través de un modelo de diseño urbanista con clave de género, los cambios en la condición política y socioeconómica de las mujeres se verá restringidos.

En este contexto, el crecimiento económico equitativo, que se caracteriza por modelos económicos que aumentan los ingresos reduciendo las desigualdades, promueven un tipo de crecimiento que se distribuye equitativamente y genera mayores oportunidades para comunidades a menudo ignoradas en la planificación urbana.

Para que el crecimiento económico equitativo sea logrado, el acceso a bienes y servicios públicos urbanos debe ser garantizado independientemente del estado económico de la población, género, etnia o ubicación residencial de la ciudadanía, de manera que no exista discriminación en el acceso y se promueva una mejora directa a las oportunidades de manera transversal.

Según la organización Cities Alliance, una de las principales organizaciones promoviendo este concepto, ello tendría beneficios específicos en el desarrollo de las mujeres. Ya que los vínculos intrínsecos entre la igualdad de género y el crecimiento económico se está volviendo más evidente, y el papel que pueden jugar las ciudades ha demostrado ser crucial para lograr la igualdad de género y, por lo tanto, el crecimiento económico equitativo.

Según informa la organización en su publicación Servicios públicos sensibles al género: caminos hacia un crecimiento económico equitativo en las ciudades lograr estos objetivos no siempre requiere amplios recursos y varias ciudades han puesto en práctica casos exitosos de cómo lograr una mayor equidad que empodere a las mujeres sin grandes presupuestos.

Pero para no quedarse en cambios anecdóticos que aportan mejoras pero no inciden en la transformación social sistémica que se requiere, es preciso que todos los agentes sociales asuman parte de su responsabilidad en el proceso.

Por ejemplo, si a nivel de gobierno, es fundamental que se implementen presupuestos realistas con capacitación sobre cómo analizar los presupuestos públicos desde una perspectiva de género, con respecto a la comunidad es importante desarrollar la capacidad de la ciudadanía, en particular los grupos más vulnerables, para que conozcan sus derechos y puedan articular sus preocupaciones y necesidades. Asimismo, es preciso fortalecer las asociaciones o grupos existentes a nivel municipal para mejorar su participación e integración en la toma de decisiones municipales y planes de acción para garantizar la oferta de bienes y servicios públicos sensibles al género.

Por parte del sector privado, no solamente es importante que se contribuya al empleo mediante la inclusión de disposiciones de igualdad de género y principios de no discriminación en las políticas y prácticas de contratación, sino también que se aumente su concienciación para que fomente alianzas con otros actores promoviendo acciones colectivas orientadas a lograr sociedades más equitativas.

A través de la provisión de bienes públicos y servicios y modelos de crecimiento económico equitativo, los gobiernos de las ciudades pueden ser esos agentes para cambio que lograr mayor equidad e igualdad de género. Pero cambios puntuales no suelen funcionar. La magnitud de los desafíos requiere establecer una estrategia transformadora y participativa tanto en el ámbito local y nacional, a través de las políticas y acciones gubernamentales, como a través de la implicación del sector privado y la ciudadanía organizada.