Limpieza y resultado electoral

Una técnica argumentativa recurrente que vienen empleando en la campaña catalana los partidos separatistas, es la de interpelar a sus rivales constitucionalistas sobre si respetarán o no los resultados en caso de alzarse los primeros con el Govern de la Generalitat. Como quiera que en 40 años nunca los constitucionalistas han gobernado en Cataluña (llamar “constitucionalista” al tripartito del PSC se antoja inmerecida sevicia con la Carta Magna en su reciente aniversario) y nunca han impugnado un resultado electoral, es claro que aquella interpelación hay que entenderla referida a cuestión distinta: la que versa sobre si el constitucionalismo se aquietaría, absteniéndose de acudir a los tribunales, en caso de que un nuevo Govern secesionista reincidiera en la ilegalidad, como ya de hecho vienen prometiendo sus candidatos bajo la denominación de “unilateralismo”, enriqueciendo así el prolijo léxico metalingüístico al que el nacionalismo nos tiene acostumbrados.

Se confunde pues, interesadamente, el difícil cuestionamiento de la legitimidad de origen de un eventual Govern separatista con la más que obligada impugnación de la legitimidad de su ejercicio si ese mismo Govern vuelve a la vía delincuencial, que es la cuestión a la que el constitucionalismo ciñe fundamentalmente su oposición.

A las impostadas cuitas sobre el respeto al resultado se suman las insidias sobre un supuesto “pucherazo” en ciernes en favor del adversario constitucionalista, al punto de que, una vez frustrado el intento de que hubiera observadores internacionales no invitados a las elecciones de un miembro de la UE, OCDE y el Consejo de Europa, viene el separatismo promoviendo, nada menos, que un recuento alternativo y paralelo al de la Junta Electoral.

No deja de ser llamativo que la interpelación instando a respetar el resultado, dudando además de la limpieza del proceso, la plantee quien, precisamente, desde centenares de Ayuntamientos implementa la ocupación y patrimonialización del espacio público con propaganda de sus propias opciones políticas. Desde pancartas en parques de bomberos a favor de los “presos políticos” hasta gigantes lazos amarillos en balcones municipales a despecho de su obligada neutralidad, lo que, en puridad, comprometería la legitimidad de origen del Govern resultante.

Pero la palma en esta fiesta sacrificial del fair play electoral se la lleva el insólito proceder del Síndic de Greuges, que en lugar de supervisar la actuación y neutralidad de estas Administraciones locales en defensa de la libertad ideológica de todos los ciudadanos —que es su competencia y obligación legal— se arroga —sin competencia legal alguna para ello— la función de querer supervisar la actuación de la Junta Electoral, haciéndolo además en defensa, no de los derechos de los ciudadanos, sino de los Ayuntamientos al albur de una inexistente libertad de expresión de estos que les permitiría desentenderse de su obligada neutralidad institucional.

No quiere uno pensar en la limpieza electoral —y legitimidad de origen del futuro Govern— si estas elecciones las hubiera convocado el fugado Carles Puigdemont sin soltar las riendas de la Generalitat.