La mentira del pucherazo del 21-D

Los partidos independentistas de Cataluña llevan días sembrando sospechas sobre la posibilidad de un pucherazo en las elecciones del 21 de diciembre. El pasado 30 de noviembre, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, hizo un llamamiento a sus seguidores para que todas las mesas electorales, unas 8.000, cuenten con un apoderado de su partido que vigile el recuento de papeletas. Días después, y tras conocerse que Indra será la empresa encargada del servicio de asistencia e informatización del sistema de recogida, procesamiento y difusión del escrutinio, desde el secesionismo se han arrojado sombras sobre esta compañía, a la que señalan anticipadamente como posible responsable de una alteración informática del resultado. Esta doble acusación, que incluye una contradicción, es falsa.

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Una campaña en Change.org, que roza las 90.000 firmas, solicita que Indra no recuente los votos porque no se fían de su “imparcialidad”, al ser el Estado el accionista individual mayoritario, con un 18,7% del total de las acciones. La desconfianza surge, según sectores independentistas, por la asignación a esta compañía del contrato para el procesamiento y difusión de los resultados electorales del 21-D por un procedimiento de urgencia. Generalmente, esta adjudicación se realiza a través de un concurso público, pero la precipitada convocatoria de elecciones en Cataluña tras la aplicación del artículo 155 dejó sin tiempo a la Generalitat, intervenida por el Gobierno, para convocar el concurso. Finalmente, eligieron a Indra, que es la misma empresa que se encargó del recuento en las últimas elecciones autonómicas de Cataluña, el 27 de septiembre de 2015.

¿Cuál es entonces la contradicción? No tiene sentido hacer un llamamiento para que apoderados de ERC vigilen todas las mesas electorales si los votos los contará Indra. ¿Y la mentira? Los votos no los cuentan las empresas, sino los ciudadanos. Por ello, no es posible que en un sistema garantista como el español Indra altere los resultados, cuyo recuento, una vez que ha terminado la votación, se realiza siguiendo estos pasos —que no se respetaron en el referéndum del 1 de octubre—, según la ley que regula el régimen electoral general:

• 1º. Quien preside cada mesa electoral extrae uno a uno los sobres de la urna, lee en voz alta su contenido y muestra la papeleta a los vocales, interventores y apoderados. Si cualquiera de los presentes tiene alguna duda sobre el contenido de la papeleta leída podrá pedirla en el acto para su examen y deberá concedérsele que la examine.
• 2º. Cuando se termina el recuento, se contrasta el total de sobres con el total de votantes anotados en la lista numerada de votantes. El presidente de la mesa pregunta si hay alguna protesta, en cuyo caso, la Mesa electoral resolverá por mayoría. Si no hay protestas o una vez resueltas estas, el presidente anunciará en voz alta el resultado y especificará el número de votos obtenidos por cada candidatura o candidato, así como el número de papeletas nulas y de votos en blanco.
• 3º. Las papeletas extraídas de las urnas se destruirán en presencia de los concurrentes con excepción de aquellas a las que se hubiera negado validez o que hubieran sido objeto de alguna reclamación.
• 4º. La Mesa hará públicos inmediatamente los resultados por medio de un acta de escrutinio que contenga los datos expresados con anterioridad y la fijará sin demora en la parte exterior o en la entrada del local. Una copia de dicha acta será entregada a los representantes de cada candidatura que lo soliciten, o en su caso a los interventores. Se expedirá asimismo una copia del acta de escrutinio a la persona designada por la Administración para recibirla, y a los solos efectos de facilitar la información provisional sobre los resultados de las elecciones que ha de proporcionar el Gobierno.
• 5º. Después, el presidente, los vocales y los interventores de la Mesa firmarán el acta de la sesión con los resultados, en los que se incluyen las protestas y las reclamaciones de los apoderados. Todos los representantes de las listas y miembros de las candidaturas, así como los apoderados e interventores, tienen derecho a que se les expida gratuita e inmediatamente copia del acta.
• 6º. La Mesa preparará toda la documentación electoral que se distribuirá en tres sobres. El primero incluye el acta original de constitución de la Mesa y el original del acta de sesión, además de todos los documentos a los que se haga referencia en ellas. Los otros dos llevarán una copia de las dos actas.
• 7º. Una vez cerrados y firmados, el presidente, vocales e interventores que lo deseen se desplazarán a un Juzgado de Primera Instancia o de Paz para llevar el primer y el segundo sobre. El tercero se lo entregarán a un funcionario de Correos.
• 8º. Tres días después de la votación, se hace un escrutinio general, que es de carácter público.

Por lo tanto, las acusaciones de pucherazo son infundadas. Por un lado, el sistema español permite a los partidos fiscalizar los resultados. Por otro lado, son los ciudadanos quienes cuentan los votos. La empresa contratada para su procesamiento, en este caso Indra, tiene la función de asistir e informatizar el sistema de recogida, procesamiento y difusión del escrutinio, no de contar las papeletas. Y si alguien tuviera alguna sospecha sobre una posible manipulación informática, todos los partidos tienen una copia del acta física, que también está depositada en un juzgado.