Carta Magnánima

En pocos países se habla tanto de la Constitución. Aquí, cada día es 6 de diciembre y alguien se acuerda de la Constitución como fuente primigenia de nuestra prosperidad o adversidad.

Todos, críticos o complacidos, proyectamos sobre la Carta Magna nuestro pensamiento mágico. Los defensores más acérrimos creen que la Constitución ha sido la base de nuestra convivencia durante cuarenta maravillosos años. Pero fue al revés. La Constitución culminó un deseo de convivencia larvado durante cuarenta desastrosos años. Fue la reacción frente a ese pasado dictatorial, y no la armonía jurídica del texto, lo que unió a tantos españoles a favor del texto de 1978. Hubiéramos votado sin vacilar la Constitución de cualquier país decente.

Una Constitución ayuda a una democracia en un sentido negativo. Previene malas prácticas, de declaraciones unilaterales de independencia a violaciones de los derechos fundamentales. Anticipando la reacción del Tribunal Constitucional, los poderes públicos españoles han evitado cometer miles de tropelías durante cuatro décadas. Y eso hay que celebrarlo.

Pero una Constitución no ofrece soluciones positivas a problemas políticos. Confiar en que una reforma constitucional resolverá la crisis territorial es ilusorio. No puede haber consenso constitucional para lo que no existe aceptación social. Es más factible un acuerdo nacional sobre un penalti a Messi en el Bernabéu que sobre el encaje de Cataluña.

La solución no vendrá de la inserción de artículos inamovibles en la Constitución, sino del intercambio de principios flexibles entre actores políticos. Como, por ejemplo, los puntos propuestos por expertos en financiación autonómica: por un lado, una solidaridad interregional que incluya a País Vaso y Navarra; y, por el otro, una “ordinalidad” que impida que las comunidades bajen puestos tras aportar al fondo común. Por separado, ambos principios generan rechazo. Combinados en un pacto fiscal inclusivo, podrían ser aceptados.

Es esa libertad para proponer soluciones imaginativas, y no un articulado sacralizado, el mejor legado de la Constitución. @VictorLapuente