Guerras híbridas

Una responsabilidad primordial de los Gobiernos es proteger a sus ciudadanos de las amenazas que pongan en riesgo su seguridad, libertades, bienestar o la estabilidad de sus instituciones de gobierno.

Históricamente, dichas amenazas se han centrado en la conquista o anexión del territorio y materializado, sobre todo, en la búsqueda de capacidades e instrumentos militares que permitieran garantizar la soberanía nacional y disuadir a potenciales agresores.

Hoy en día, sin embargo, muchos vivimos en sociedades democráticas, plurales, abiertas, económicamente integradas, y, por tanto, porosas al exterior. Ese entorno garantiza nuestra prosperidad, pero también abre el paso a nuevas formas de inseguridad. El terrorismo, el cambio climático, los flujos migratorios o el ciberespacio pueden, si no son eficazmente gestionados, proyectar riesgos tan existenciales sobre la sociedad como los de viejo cuño. Dado que las nuevas amenazas a la seguridad tienen un carácter multidimensional que desborda lo estrictamente militar, es lógico que requieran instrumentos de acción y estrategias adaptadas al carácter de esos nuevos desafíos.

La nueva estrategia de seguridad nacional, aprobada por el Gobierno el pasado viernes, y que actualiza la anterior, fechada en 2014, cumple eficazmente con esa vocación de dibujar los riesgos y amenazas a los que nuestro país debe hacer frente y establecer los planes de acción que ayudarán a enfrentarlos.

Entre esos nuevos retos que afectan a España de manera muy destacada, la estrategia señala los peligros de fragmentación y debilidad del proyecto europeo, especialmente a raíz del Brexit; las amenazas al orden liberal internacional, con especial énfasis en los riesgos del proteccionismo comercial —aunque no cite a Trump, su principal responsable— y la polarización política en las sociedades democráticas —una manera elegante de citar el populismo sin hacerlo expresamente.

Pero sobre todo, la principal novedad de la estrategia es que por primera vez eleva la desinformación al primer nivel de riesgo para la seguridad de nuestra democracia. Y lo hace enmarcándola en su correcto lugar: no en un comportamiento anecdótico a cargo de ciberactivistas que actúan por su cuenta, sino como parte de una doctrina militar que recibe el nombre de “guerra híbrida”. Esa doctrina —elaborada en Rusia— busca debilitar a las democracias interfiriendo en sus procesos electorales y alimentando sus conflictos internos, sean ideológicos o territoriales, valiéndose para ello de instrumentos como las noticias falsas o la manipulación de las redes sociales.

Un elemento esencial de esa doctrina de guerra híbrida es el enmascaramiento, lo que dificulta la atribución de este nuevo tipo de ataques. De ahí que las autoridades españolas, como las europeas y también nuestros aliados en la OTAN, estén invirtiendo cada vez más recursos humanos y materiales en contrarrestar ese tipo de amenazas. Esta estrategia de seguridad nacional es un primer paso, imprescindible, para tomar conciencia sobre la importancia de esta amenaza y la necesidad de responder coordinadamente.