España no es una dictadura

El pasado 31 de octubre, en una carta abierta al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, un grupo de académicos, políticos, intelectuales y miembros del Parlamento Europeo (PE), acusaba a la Unión Europea de haber “consentido la violación del Estado de derecho en España” el pasado 1 de octubre, día en el que se celebró el referéndum ilegal de independencia de Cataluña. Según ellos, si bien las cuestiones de soberanía constituyen sin duda un asunto de política interior, “la violación del Estado de derecho por el Gobierno español” tendría que haber suscitado la misma oposición desde la UE que cuando el Gobierno de Polonia “menoscabó la independencia de los jueces” o cuando el Gobierno de Hungría tomó medidas para limitar las libertades de los ciudadanos y de los medios de comunicación.

Los firmantes de la misiva, entre ellos el exministro de economía griego Yanis Varoufakis, la experiodista y diputada del PE, Barbara Spinelli, el sociólogo Arjun Appadurai o Philip Pettit, profesor de la universidad de Princeton, consideraban que “en sus esfuerzos por salvaguardar la soberanía del Estado y la indivisibilidad de la nación”, el Estado español “violó las libertades y derechos básicos garantizados por la Convención Europea sobre los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los artículos 2 y 6 del Tratado de Lisboa.

La respuesta, que firmaron más de 300 catedráticos de Derecho españoles, entre ellos Francesc De Carreras y Josu De Miguel, fue inequívoca. “Las afinidades ideológicas que despiertan las aspiraciones separatistas no pueden ser un pretexto para retratar a España como una dictadura”, se puede leer en el preámbulo, en el que aseguran querer dar su versión de lo ocurrido el 1-O. Los firmantes no solo denuncian un error de lectura jurídica y política del 1-O sino que también critican una “espantosa falta de conocimiento sobre los problemas” que abordan, “incluida la grave ignorancia de la Constitución y la ley española”.

Lo que realmente debería preocupar a los firmantes de la carta “si estuvieran bien informados”, recalca el texto, es la celebración de un referéndum que no contó con las garantías más básicas según los estándares europeos de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y que tampoco fue respaldado por la mayoría de los diputados del Parlament. “La Mesa del Parlamento catalán, por decisión mayoritaria, ignoró no solo las sentencias del Tribunal Constitucional sino también las del propio Consejo de Garantías Estatutarias”, añade. La carta señala además que el derecho a la autodeterminación revindicado por los independentistas no se fundamenta ni en el Derecho español ni en el Derecho internacional y que tanto el Parlament como el president de la Generalitat “no tienen el poder de convocar un referéndum cuyos resultados afectan directamente al pueblo español en su conjunto”.

Los autores de la carta abierta, que consideran que la acusación de violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos por la legislación española es “burlar la verdad”, apuntan la sustitución de “hechos específicos” por “consideraciones generales sin entrar en detalles”. Recuerdan que el 20 de septiembre, la justicia española decretó la detención preventiva de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez después de que “patrullas de la Guarda Civil fueran atacadas mientras intentaban ejecutar una orden judicial” y “no pudieron salir del edificio hasta las siete de la mañana del día siguiente, 23 horas después de su ingreso”.

También rechazan las acusaciones de represión del Gobierno contra funcionarios, diputados, alcaldes, medios de comunicación, empresas y ciudadanos los días previos al referéndum y aseguran que las acciones no fueron represivas además de ser respaldadas por el Tribunal Constitucional. “Una alegación de que una medida adoptada por un juez es represiva solo puede ser confirmada si se demuestra que la decisión es arbitraria, ilegal o, por supuesto, una violación de los derechos fundamentales reconocidos en el derecho internacional. Nada de esto ha sido demostrado, ni siquiera discutido, en la carta abierta”, señalan.

Los autores, que recuerdan que los Mossos d´Esquadra no acataron la orden judicial de impedir el referéndum, aseguran que la Policía Nacional “fue objeto de una verdadera emboscada” que hizo “necesaria utilizar alguna fuerza física como suele ocurrir durante las manifestaciones”. Aseguran que el uso de la fuerza física fue “limitado” y que las imágenes falsas que circularon en las redes sociales son “el reflejo de la deshonestidad de las noticias que formaban parte de la campaña de propaganda orquestada por las organizaciones independentistas catalanas en connivencia con la Generalitat”.

Pero lo que los autores de la misiva consideran más sorprendente es el hecho que en ningún momento la carta abierta del 31 de octubre mencionó al Parlamento catalán ni al “incumplimiento reiterado y flagrante por parte del Govern de la Constitución española, del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de todas las demás disposiciones del ordenamiento jurídico español”.