Una reforma necesaria

La comisión que va a estudiar en el Congreso la actualización del modelo autonómico inicia hoy sus pasos en un clima cargado de tensión por la situación propiciada en Cataluña por los sectores independentistas. Sería un error que el trabajo de sus señorías estuviera mediatizado por el afán de arreglar de cualquier manera, y cuanto antes, el encaje de Cataluña en un nuevo modelo. Sortear esa tentación es uno de sus primeros desafíos para poder concentrarse, así, en lo que importa: la necesidad de auscultar con finura la Constitución de 1978 para conocer con precisión qué reformas necesita para garantizar en los años venideros la estabilidad del país y su mejor acomodo en un mundo globalizado y atravesado por una serie de cuestiones que eran impensables cuando se elaboró hacia casi cuarenta años.

El marco normativo que una Constitución contiene es lo que no está sujeto a mudanza, y la que se aprobó por referéndum en 1978 ha servido de manera indiscutible para impulsar la modernización de España. Una modernización que corrió pareja con una amplia descentralización que permitió a las comunidades autónomas pilotar de cerca los ejes vertebradores de una economía con vocación social, como son la sanidad y la educación.

Una de las claves del éxito de la Constitución de 1978 es que se construyó con la voluntad de generar un amplio consenso y que fue aprobada por la inmensa mayoría de parlamentarios. Dos elementos a los que no se puede renunciar si se quieren hacer hoy las cosas bien. A la comisión no han querido sumarse, tras la aplicación del artículo 155, ni Unidos Podemos ni Esquerra ni el PDeCAT ni el PNV, con lo que arranca con un enorme agujero. La idea de aparcarla, sin embargo, carecía de sentido. Desde hace tiempo los ciudadanos reclaman una mayor implicación del Congreso en los problemas de nuestro tiempo, y está de sobra claro que el actual modelo autonómico exige una revisión. Era imprescindible poner en marcha los engranajes de una tarea que reviste una extrema complejidad; tiempo habrá para que vayan sumándose todas las fuerzas que necesariamente deben participar en la reforma.

La elección para presidir la comisión del socialista José Enrique Serrano, que conoce bien todos los palos de la función pública, es una buena señal de que el trabajo pretende encauzarse sobre pilares firmes: amplia experiencia, rigor profesional, espíritu de diálogo. Que la primera tarea vaya a ser, por lo que ha trascendido, hacer un balance del funcionamiento del actual modelo autonómico, es otro buen augurio. Sin un prolijo, detallado y contrastado análisis de lo que tenemos no hay reforma que tenga sentido. Y conocer a fondo los problemas del actual sistema es la mejor vacuna contra los peligros que se ciernen sobre la reforma: las prisas, la improvisación y el adanismo.