Ni causa ni rebelde

La infausta carrera política de Carme Forcadell, una de las principales instigadoras del proceso secesionista catalán, se aproxima a su término.El punto final de su continua escapada hacia la radicalización, el dislate institucional y el extremo sectarismo frente a la oposición parlamentaria viene de la mano de la decisión del Tribunal Supremo de concederle la libertad bajo fianza, en el proceso por presunta rebelión o sedición que se le sigue. Una decisión tomada a la luz de los propósitos de enmienda —ya se verá si sinceros— de los encausados, en contraste con el silencio de los exmiembros del Govern actualmente en prisión.

Más exactamente, el final de ese viaje a ninguna parte deriva del compromiso adoptado por Forcadell en el estrado judicial de cumplir desde ahora el marco constitucional en su actuación política, o renunciar a toda actividad en ese ámbito.

Con mayor precisión, proviene de la insalvable contradicción entre una trayectoria festoneada de actuaciones separatistas radicalmente antijurídicas y abiertamente inconstitucionales —hasta hace pocas horas—, que juró irreversibles; y la súbita promesa de anteayer a la justicia de que se comportará como corresponde, o simplemente dejará de actuar.

Del texto literal del juez instructor, Pablo Llarena, podría inferirse que la presidenta del Parlament estaría valorando abandonar la actividad política. Pero si no fuera así, el compromiso alternativo es que la ejercería sin desafiar la legalidad, contra lo que ha venido haciendo ininterrumpidamente desde que accedió a la presidencia del Parlament hace dos años.

El destino de Forcadell estaba cantado desde el principio: privar a los diputados discrepantes de sus derechos para modificar leyes; desobedecer una y otra vez al Tribunal Constitucional, tras ser advertida con solemnidad de las eventuales consecuencias de esa conducta; desacreditar la independencia del Legislativo al juntarse sistemáticamente en reuniones conspirativas con el Ejecutivo y con líderes de organizaciones de agitación separatista: nada de todo ello auguraba un final feliz.

Forcadell y sus adláteres tienen, como todo justiciable, derecho a mentir para minimizar los perjuicios penales: y así lo recuerda el auto en el que se evoca la posibilidad de que sus declaraciones sean “mendaces”. Es comprensible que alguien actúe de ese modo para escapar de la cárcel.

Pero a diferencia de otros ciudadanos y de casi todos los demás justiciables, los miembros de la Mesa del Parlament son políticos en activo. Y para ser creíble, un político no puede sostener simultáneamente que cumple la ley y que la viola; que sigue pugnando por un procés ilegal de secesión y al tiempo como político autonomista; que canta en la misa de la subversión y repica en la del orden estatutario.

Bienvenidos en todo caso los parlamentarios extraviados a la legalidad que dicen asumir y respetar de nuevo, si su promesa es auténtica: ello podrá quizá pautar la senda a otros encausados. Puede que alguno haya optado por la mendacidad, anteponiendo su libertad individual a la pretendida libertad de Cataluña, para luego desdecirse de nuevo. Su final será aún peor. Cívica y judicialmente.